La miniserie de Netflix, dirigida por Roberto Hernández, se ha colado en la lista de los más vistos de la plataforma.
Lo que empezó como un accidente menor en una carretera de Macuspana, Tabasco, en 2015 se tornó en segundos en un caso lleno de arbitrariedades e impunidad que involucraba a cuatro hombres a quienes se acusó del secuestro de una mujer.
Cuatro hombres que fueron torturados durante su detención y se convirtieron en víctimas de un sistema de excesos. El investigador y documentalista Roberto Hernández, co-director también de Presunto culpable (2008), vuelve para encontrarse con otro caso impune, entre miles otros, sólo que esta vez bajo una nueva variante a diferencia de su primer filme, que ahora el sistema de justicia penal cuenta con juicios orales, algún que sigue sin ser garantía de justicia en México. “Nos dimos cuenta que el poder judicial que tiene la misión de proteger a las personas, en contra del uso arbitrario y autocrático del poder, pues no estaba cumpliendo esa misión, y tampoco la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, me llamó la atención el caso de Gonzalo porque me parecía un enredo, me parecía difícil de creer, y entonces pensé que podría aprender mucho con un caso como este”, añadió.
Duda razonable: Historia de dos secuestros es un trabajo de seguimiento de seis años en el caso que es muestra clara de los reveses de un sistema que termina por sentenciar a 50 años de prisión a tres de los cuatro hombres señalados a pesar de la falta de pruebas en su contra, huecos en la investigación y una cadena de corrupción. El 11 de mayo del 2016, la entonces presidencia de la Suprema Corte admitió el recurso con reserva del estudio de procedencia, ordenó registrarlo con el número 2472/2016 y lo turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrante de la Primera Sala, para la elaboración del proyecto de resolución; asimismo, requirió notificar tal proveído a las partes. El 13 de junio de 2016, el entonces presidente de la Primera Sala señaló que la misma se abocaba a su conocimiento y que, en su oportunidad, se enviarían los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto respectivo. Este martes 15 de febrero del 2021, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció que los ministros aceptaron atraer el asunto, por lo que será el pleno el que analice de fondo y resuelva en próximas fechas.
El quejoso solicitó la interpretación del artículo 14 párrafo segundo y tercero, 16, 20, 21 y 23 constitucionales, para entender el auténtico significado de la normatividad constitucional y fijar o explicar el sentido o alcance del contenido de dichos preceptos. Asimismo, solicitó la interpretación del artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como del artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para esclarecer el concepto y alcances del derecho humano a la presunción de inocencia, estándar probatorio, estándar probatorio de duda razonable. Además, cuestionó la constitucionalidad del artículo 164 del Código Penal para el Distrito Federal, primer párrafo y fracciones I, III y IV, artículo que prevé agravantes para los delitos de secuestro y secuestro express. También señaló que dicha norma es violatoria del artículo 14 párrafo tercero y 22 párrafo primero, parte última, de la Constitución federal, así como de los derechos humanos consistentes en el principio de proporcionalidad de las penas, principio del bien jurídico tutelado, principio de culpabilidad por el acto, la prohibición de encarcelamientos arbitrarios y el derecho humano a la reinserción social.
La duda razonable es un tópico novedoso en nuestro sistema de procesamiento penal. En atención a la reforma constitucional del 2008, que ordena la implementación de un sistema acusatorio y oral, el legislador Federal incorporó en los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales la duda razonable; sin embargo, en ambos casos el legislador no precisa su contenido. La duda razonable se refiere al estándar probatorio recogido del derecho anglosajón Common Law, concretamente del mundo teológico cristiano. En aquellos tiempos no pretendía proteger al imputado, se concebía, más bien, para proteger el alma de quien fungía como jurado. “Se creía en esos tiempos, que el destino de quienes juzgaban estaba también en juego en cada juicio, porque condenar a un inocente era considerado en la antigua tradición cristiana potencialmente como un pecado capital. Por ende, la duda razonable fue en un inicio creación de la doctrina teológica, que procuraba asegurar –o reafirmar- en el jurado la idea de que ellos podían condenar al imputado sin poner en riesgo su propia salvación, siempre y cuando las dudas de la responsabilidad del acusado no fueran razonables (Whitman).”
Es hasta finales del siglo XVIII cuando el estándar de la duda razonable fue utilizado en el proceso penal ordinario (concretamente en Irlanda en 1789), previamente no existía en el derecho anglosajón un estándar de prueba definido para que el jurado condenara al imputado. Dicho estándar de más allá de toda duda razonable –beyond a reasonable doubt- se entiende también como una exigencia dirigida a acusadores en cuanto a la calidad de su prueba (o caudal probatorio). Modernamente atiende a la complejidad del Juez para impartir justicia, recordemos que Carnelutti refirió: “el juicio es la mayor dificultad que el hombre encuentra en su camino. Nuestra tragedia está en que no podemos actuar sin juzgar, pero no sabemos juzgar”.
La tarea de los jueces, como cualquier actividad humana, tiende a la equivocación en sus decisiones, por lo que condenan a una persona inocente o absuelven a una que efectivamente cometió el delito. Para regular lo anterior, se consolida la duda razonable, que implica que para que se condene a una persona la prueba debe ofrecer la “certeza” sobre los hechos materia de la acusación, es decir se establece un estándar probatorio elevado para poder determinar la responsabilidad de una persona frente al delito.
