“La precipitación es el padre del arrepentimiento”
-Miguel de Cervantes
*El autor es director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED. Su opinión es estrictamente personal y no representa necesariamente la postura institucional de la Universidad.
856 es el número de reformas que ha sufrido hasta el 15 de octubre de 2025 nuestra Carta Magna. La mayoría de los 136 artículos que la componen se han reformado un total de 839 veces; los artículos transitorios, 9 ocasiones; los artículos transitorios de decretos de reforma, 7; y un decreto de interpretación de artículo transitorio, una vez, dando lugar a esa impactante cifra de 856 reformas.
¿Por qué la catalogamos de impactante? Pues ni más ni menos porque el artículo 135 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé un mecanismo rígido para modificar los contenidos constitucionales, agravado en comparación del método que se utiliza para reformar la legislación ordinaria. El adjetivo antes señalado se quedaría corto para algunas personas, pues hay quien dice que ese número es absurdo por la razón antes aducida: la Constitución, al menos en el papel y al menos desde su propio texto, es rígida, no flexible. A la rigidez, en este sentido, la entendemos también como una metagarantía del conjunto de los derechos fundamentales.
Los hechos demuestran, sin embargo, que no solo hay una flexibilidad total sino una maleabilidad que cada régimen en turno ha utilizado para legitimar sus planes y proyectos de acción. Esto último quizá no tenga tantos elementos negativos, pero hacerlo a costa de enésimas reformas constitucionales es lo que pone en entredicho el verdadero valor simbólico de este tipo de procedimientos. A veces no se distingue entre uso y abuso.
El próximo 5 de febrero, como es bien sabido, la Constitución Federal cumple 109 años de vigencia. Una efeméride de tal envergadura siempre hará propicia la oportunidad para reflexionar sobre lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer para que cumpla con sus propósitos de fungir como un moderno pacto social que reivindique los derechos y libertades, además de proclamar el tipo de gobierno y de gobernantes que deseamos a partir de la certeza, la legalidad, la justicia y el Estado de derecho. ¿Cómo lograr, sin embargo, que la ciudadanía se involucre con el conocimiento de su Constitución si tiene cambios tan frecuentes y tan repentinos? Nos acercamos con velocidad a las 900 reformas constitucionales y no es descabellado pensar que llegaremos a las 1000 en un futuro no muy lejano, con todo lo que ello implica.
Tomar decisiones a la ligera, de manera abrupta e impulsiva, a menudo puede conducir al caos. Se decía en párrafos anteriores que una de las misiones de la rigidez constitucional es proteger de una manera más amplia y eficaz a los derechos fundamentales, pero se trata también de un asunto de cultura constitucional y de cultura de los propios derechos humanos.
En efecto —y como lo dicen diversos instrumentos demoscópicos—, dado que en México alrededor de 9 de cada 10 personas conocen poco o nada su código político, este porcentaje es difícil que mejore en el corto plazo por virtud de tantos cambios que, incluso, muchas veces no tienen razón de ser. Lo dicho se adjudica a gobiernos de todos los partidos políticos, no solo a alguno en particular. Mover la Constitución a su antojo es una especie de competencia que a nada sano conduce en la realidad. El nuevo aniversario de la Carta Magna debe orillarnos a reflexionar en ello.
