Hay que conservar los aspectos positivos de la iniciativa de reformas y modificar los aspectos que pudieran ser regresivos.
En relación con la iniciativa de reformas al juicio de amparo mexicano, considero que amerita una discusión seria, de tipo técnico, en la que se consideren las consecuencias de su aprobación en los términos en los que está propuesta, pues debe cuidarse que no sean regresivas.
El juicio de amparo es un instrumento procesal que puede ser utilizado por las personas que consideren que se ha violado en su perjuicio algún derecho humano; por ende, consideran que es necesario que se les restituya en la situación que tenían antes de perpetrarse la violación respectiva.
Se trata de una institución que tiene un fuerte arraigo en nuestra historia constitucional, una herramienta necesaria para hacer realidad el Estado constitucional de Derecho, en el que son parte esencial los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
En dicha iniciativa de reformas se fortalece la posición de la autoridad, por lo que es necesario discutir si ello está justificado o no y hasta qué punto; también ha causado revuelo lo establecido en materia fiscal, por ejemplo, el que no se pueda promover el amparo, sino hasta que se llegue al remate de los bienes; la inclusión de la definición, en los términos propuestos, del interés legítimo en la Ley de Amparo, o bien, el catálogo de aspectos que se agregaron para que se otorgue la suspensión.
Un ejemplo de los problemas que se pueden suscitar en materia fiscal por no poder solicitar amparo, sino hasta el remate de los bienes, es que pone en difícil situación a las empresas, pues bien pudiera suceder que la autoridad hizo un mal cálculo y el agraviado se tenga que esperar hasta el remate de sus bienes para promoverlo, lo cual le puede causar pérdidas en el aspecto económico.
De acuerdo con lo que se ha publicado en la prensa, el coordinador de los senadores ha anunciado que la iniciativa se dictaminará el martes 30 de septiembre o el miércoles primero de octubre, y que a más tardar el jueves se votará en el pleno, pero el presidente de la Comisión de Justicia consideró que era necesario hacer modificaciones, lo que implica la discusión sobre los aspectos a modificar de la iniciativa, con lo cual coincido.
Considero que para bien de las personas y de sus derechos, así como para el fortalecimiento del juicio de amparo y del Estado constitucional de Derecho, lo más conveniente es que haya una discusión amplia sobre los aspectos técnicos que la iniciativa pretende que se reformen, así como sobre los riesgos y las consecuencias de que se apruebe en los términos propuestos.
