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La aprobación fragmentada del llamado Plan B de la Reforma Electoral dejó más dudas que certezas dentro del bloque oficialista, particularmente entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Lo que en el discurso se presume como una alianza sólida rumbo al 2027, en los hechos comienza a mostrar fisuras que no son menores, pues los intereses de cada partido empiezan a pesar más que el proyecto común. En Durango, donde las correlaciones de fuerza son distintas al promedio nacional, este reacomodo puede ser todavía más evidente, al grado de que la repartición de candidaturas federales podría convertirse en el primer gran punto de quiebre interno, de no existir acuerdos claros, máxime teniendo el antecedente de lo que ha ocurrido en el Senado, con el rechazo a la revocación de mandato, el principal tema que se buscaba desde Palacio Nacional.
Si se concreta el escenario de distribución de distritos en nuestra entidad, es probable que el cuarto sea para el PT, el tercero para el Verde y los dos restantes para Morena, el mensaje político sería claro, el partido en el poder estaría cediendo espacios estratégicos a sus aliados, aun cuando su peso electoral es mucho mayor. En la capital, el cuarto distrito federal representa no solo una demarcación territorial, sino un símbolo político; entregarlo a los aurigrana implicaría reconocerle una fuerza que, a nivel nacional, ha sido marginal, y en consecuencia esta concesión podría generar resistencias internas en Morena, donde muchos cuadros consideran que han construido estructura y territorio como para ahora “prestar” posiciones clave a partidos que, en varias regiones, sobreviven más por la alianza que por su propio “músculo”.
La presencia del PT en Durango no es despreciable; incluso podría ser uno de los pocos estados donde tiene margen de maniobra real; sin embargo, ese mismo factor puede volverse un “arma” de doble filo, porque mientras más exija, mayor será el desgaste con Morena. El problema para el morenismo es que necesita a este instituto político para mantener cohesión legislativa, pero cada concesión alimenta la percepción de que el partido minoritario obtiene beneficios desproporcionados. Por su parte, el PVEM juega su papel histórico, negociar a conveniencia y asegurar espacios donde pueda capitalizar alianzas; el tercer distrito que podría quedar en sus manos, es un ejemplo de cómo este instituto ha sabido posicionarse en escenarios donde no necesariamente es mayoría, pero sí un socio útil; y es que el Verde no confronta, no rompe, pero tampoco cede sin obtener algo a cambio.
El mayor riesgo para Morena no está en sus aliados, sino en su propia base; porque la inconformidad de cuadros locales históricos, militantes y aspirantes puede derivar en fracturas que terminen debilitando la competitividad electoral; de hecho no sería la primera vez que un partido en el poder enfrenta divisiones internas por la distribución de candidaturas, pero en este caso el contexto es más delicado, el 2027 será una antesala directa del 2028, e ir divididos, aunque sea parcialmente, podría abrir espacios a la oposición o, en el peor de los casos para el oficialismo, provocar derrotas en distritos que hoy parecen seguros, a pesar de llevar una marca muy posicionada en todo el país.
Lo que ocurra en la definición de candidaturas será un “termómetro” real de la viabilidad de la alianza Morena-PT-PVEM; si logran construir acuerdos sin fracturas, podrán llegar competitivos al 2027; pero si prevalece la lógica de cuotas sobre la de resultados, el costo político puede ser alto. En Durango, donde cada distrito tiene dinámicas propias, imponer decisiones desde la cúpula sin considerar el contexto local sería un error estratégico; la alianza, más que un activo, podría convertirse en un lastre; y es que en política, como en los resultados electorales, no siempre sumar partidos significa sumar votos; a veces, dividir candidaturas es el principio de la derrota.