Finalmente, el llamado Plan “B” de la Reforma Electoral, presentado por Claudia Sheinbaum, se aprobó de manera fragmentada en el Senado de la República, no como quería el morenismo, porque se quedó fuera la revocación de mandato para 2027 y se realizará hasta 2028. El Partido del Trabajo (PT), digámoslo así, se salió con la suya, pues sus votos en contra del dictamen, en lo particular, no permitieron que apareciera en las boletas la “inquilina” de Palacio Nacional el próximo año; y si bien es una señal adversa para el partido en el poder, creo que quien verdaderamente resulta ganador es la democracia, porque esto iba a implicar, de forma evidente, que habría intervención oficial en las elecciones para renovar la Cámara de Diputados y las 17 gubernaturas en juego; a pesar de que aún faltará ver lo que suceda en San Lázaro, todo indica que los aurigrana se mantendrán en su postura, evitando modificar el Artículo 35 de la Constitución.

Ya se habla incluso de un Plan “C”, porque, de acuerdo con lo señalado por la Presidenta en su conferencia de ayer, seguirán insistiendo en que la revocación de mandato se realice en las elecciones del próximo año. La alternativa que le queda al oficialismo se establece en el propio Artículo 35, fracción novena de la Constitución, donde se determina que el Instituto Nacional Electoral deberá convocar a una consulta de esta naturaleza a petición de los ciudadanos, siempre y cuando se logre recabar, como mínimo, el tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en al menos 17 entidades federativas, tras la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Es decir, si la “maquinaria” morenista se activa y junta la totalidad requerida, podría concretarse esta ruta sin necesidad de reformar la Carta Magna.

Pero lo ocurrido deja al descubierto algo más profundo, el PT volvió a demostrar que su “peso” político no corresponde a su tamaño electoral, sino a su capacidad de negociación, y es que no es la primera vez que este partido condiciona decisiones de alto impacto nacional, y tampoco será la última, lo que está en juego no es solo una diferencia técnica sobre la revocación de mandato, sino la forma en que un aliado menor puede alterar la agenda de la fuerza dominante, eso debe preocupar a Palacio Nacional. En el fondo, el mensaje es claro, sin el PT, Morena no tiene margen absoluto, y eso abre espacios para presiones, exigencias y, por supuesto, concesiones que poco tienen que ver con la decisión de los electores en las urnas.

Este episodio también exhibe fisuras en la alianza que, hasta ahora, parecía inquebrantable. Morena, el PT y el Partido Verde han construido una maquinaria electoral eficaz, pero no necesariamente cohesionada; porque cada uno juega su propio “tablero”, y cuando los intereses no coinciden, las tensiones salen a la superficie. El problema es que estas diferencias no se quedan en lo interno, sino que terminan impactando decisiones legislativas clave; lo ocurrido con el Plan “B” es una señal de alerta, si en un tema estratégico no lograron alinearse, ¿qué puede esperarse en el futuro inmediato, cuando estén en juego candidaturas, posiciones de poder y la continuidad del proyecto político?, esa es la gran duda.

El riesgo es que la agenda pública termine subordinada a los intereses de negociación entre partidos, dejando de lado las verdaderas prioridades del país; hoy el PT se salió con la suya, sí, pero el costo puede ser una alianza más debilitada y un proceso legislativo cada vez más condicionado por intereses particulares, incluso en estados como Durango, donde se supone hay acuerdos entre Morena y los petistas para el “reparto” de espacios no solo en el 2027, sino para el 2028. Estas decisiones políticas de los aurigrana, tendrán consecuencias que en un futuro inmediato conoceremos.