Desde hace medio siglo en México hemos vivido diversas Reformas Electorales para intentar avanzar en democracia, pero en ese lapso ninguna de las propuestas legislativas es resultado de tomar en cuenta la opinión de toda la sociedad.
Por decreto presidencial del 4 de agosto del presente año se creó una Comisión Presidencial de la Reforma Electoral integrada por funcionarios públicos que han probado su experiencia y conocimiento del tema, son quienes están a cargo del diagnóstico sobre el sistema electoral, así como de las Consultas Públicas, foros y mesas de discusión.
Lo anterior da cuenta de que como anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, al referirse a la creación de esta instancia, por primera vez se consulta a todos los sectores de la sociedad, para que den su opinión sobre temas como libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamiento, propaganda de poderes y de organismos públicos, consultas populares y revocaciones de mandato. Libertad de difusión de opiniones, de información y de ideas, entre otros aspectos.
Es decir, se trata de una Reforma Profunda que fortalecerá la calidad democrática que vive el país, nada está predeterminado aún y aspectos a debate como el voto electrónico, el número y método de los legisladores que provienen de la Representación Proporcional o el fuero, son puntos que siguen abiertos al escrutinio social.
El trabajo de recibir propuestas vence en diciembre próximo y esa Comisión en enero de 2026 entregará los resultados del diagnóstico y de la Consulta a la primera mandataria del país. Desde el Senado estamos prestos a acompañar la iniciativa de ley que arrojará ese consenso amplio llevado a cabo en todo el territorio nacional, México y sus estados necesitan que nunca más se consume un fraude electoral, así como que haya certeza, transparencia en los gastos de campaña y sobre todo que el costo del voto deje de constituir un despilfarro de recursos públicos.
