Algunas organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad o como Transparencia Mexicana, han señalado que la falta de castigo sigue siendo la principal causa subyacente de la corrupción en México.
Algunos casos documentados que han resultado de un alto nivel en el escándalo, mediático, podrían ser:
Moches y nepotismo: denuncias contra funcionarios que exigieron parte del salario de sus subalternos o, la colocación de familiares en puestos clave del servicio público que siguen sin hacerse observación de ningún tipo.
La salida de Alejandro Gertz Manero es un síntoma de la instrumentalización política de la justicia, que pretende la consolidación del poder presidencial sobre instituciones clave del Estado Mexicano.
Pero el golpe de realidad es más contundente que las maniobras de las tribus de Morena por evadir responsabilidades en el manejo de los efectos que está produciendo la corrupción galopante en el país.
El gobierno de México buscará priorizar el anuncio y la implementación de otras iniciativas y programas sociales o económicos con gran visibilidad para desplazar el tema de la Fiscalía General de la República.
Quizá ahora su discurso venga en el sentido de simplificar la burocracia, de digitalizar los trámites siempre con el argumento de combatir la corrupción a nivel de calle y generar una percepción positiva de la eficiencia gubernamental.
No tiene remedio, la cuarta transformación entró en una ruta sin retorno a su descomposición, sólo que la polarización política que está por venir será un reto especial para todos los que el oficialismo llama sus opositores.
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La cuarta transformación y el segundo piso de la misma tienen un común denominador, son la más viva explicación de cómo la persistencia de la impunidad, las debilidades institucionales y la opacidad, y sobre todo una gran discrepancia entre el discurso, y la realidad les han llevado a un callejón sin salida que lejos de recapacitar y corregir, reencausar, enfrentándose a sus propias realidades, puedan llevar a buen puerto, una propuesta de gobierno que cuente con el respeto y el reconocimiento de la sociedad mexicana, y que visualice las estrategias y la toma de decisiones que más sirvan al país.
A pesar de las denuncias, la falta de consecuencias legales efectivas para los involucrados, el ciclo de corrupción sigue, independientemente del partido en el poder, pero en los últimos siete años le ha costado a los mexicanos acumular una deuda pública, equivalente a la deuda contraída por la nación mexicana, en casi 200 años anteriores a la cuarta transformación, es decir, el gobierno que presidió Andrés Manuel López Obrador y un año del gobierno de Sheinbaum Pardo han logrado incrementar la deuda en forma desproporcionada, irracional y abandonando los compromisos más esenciales para la convivencia normal en nuestro país, como lo son la atención básica de la salud de los mexicanos, de su educación y de sus posibilidades de desarrollo económico.
La corrupción es favorecida por la falta de regulaciones específicas, y desde luego por la opacidad en la administración de los recursos, el actual gobierno es percibido como uno de los más opacos, con dificultades para acceder a información pública sobre el manejo de fondos en áreas clave, como la Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entre otros, con lo cual se ponen todos los obstáculos a la rendición de cuentas.
El gobierno de la cuarta transformación llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción como su bandera principal, sin embargo, los resultados y las acciones específicas dicen todo lo contrario. El índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional de 2024 ubicó a México en su peor posición histórica, es decir en el lugar 140 de 180 países evaluados, es decir, las políticas anticorrupción no han servido y, por el contrario, sólo han quedado en un discurso que comunica la contradicción entre las acciones corruptas de los gobernantes de México y sus discursos.
Alguna de las explicaciones tienen que ver con la concentración del poder y la toma de decisiones en el ejecutivo federal, donde se han generado una gran cantidad de nuevos riesgos de corrupción al eludir los contrapesos institucionales, es decir, una de las principales fuentes de corrupción es el ejercicio de acumulación de poder que las tribus de Morena han ejercido para justificar y cubrir las acciones de abusos de poder y por lo tanto, la falta de controles adecuados en los proyectos prioritarios o en la asignación directa de contratos ha propiciado que ese abuso de poder genere grandes beneficios privados a los actuales gobernantes y sus círculos cercanos de influencia con quienes integran procesos corruptos.
El día de hoy, que existen más de 183 casos relevantes de corrupción entre 2018 y 2024, con 51 casos identificados sólo en el primer año de la administración de la presidente Sheinbaum. Y estos casos van desde el tráfico de influencias, el desvío de recursos, el uso indebido de programa sociales entre otras de las muchas muchísimas explicaciones que se puedan tener.
En resumen, la persistencia de la corrupción en el gobierno de Morena, no sólo se explica por la existencia de individuos o casos específicos, sino también por fallas estructurales en la implementación de las políticas anticorrupción efectivas y por supuesto, la debilidad del estado de derecho que no ha logrado abatir la impunidad histórica en el país.
La narrativa de la austeridad republicana durante la administración del expresidente López y el partido de Morena y la pretendida eliminación de la corrupción, como ejes rectores del gobierno anterior, ha sido sólo un mensaje para opacar, lo que en realidad ha sucedido, que es la centralización del poder y la opacidad en la adjudicación de los contratos creando así nuevos focos de riesgo que contrastan con la narrativa oficial de que “ya no hay corrupción”.
Segalmex significa irregularidades, millonarias en seguridad alimentaria mexicana, que han llevado a procesos judiciales contra varios funcionarios, pero sin lograr absolutamente nada ni la recuperación de los recursos, ni la consolidación de los expedientes judiciales, ni mucho menos la penalización de los autores.
Opacidad en los proyectos prioritarios para la administración pública, federal y de los estados: las críticas a la falta de transparencia en la construcción de obras emblemáticas de administración, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, a menudo gestionadas por las fuerzas armadas con criterios de seguridad nacional que limitan la rendición de cuentas, pero que también involucran a los mandos de las fuerzas armadas.
Pero el mayor escándalo mediático se centra en toda la trama de corrupción relacionada con el tráfico de gasolina, mejor conocido como huachicol fiscal. No tiene comparación con nada que los gobiernos corruptos de este país hayan inventado en algún momento de la historia de México, es de unos niveles desproporcionados a cualquier imaginación y sólo conocemos una pequeña parte del alcance de estas maniobras de corrupción que han involucrado a todos, incluyendo los silencios obligados o consentidos por el propio fiscal recién renunciado.
En este contexto, y desde la perspectiva de las políticas públicas, la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, es interpretado como un movimiento político significativo que sofoca la autonomía institucional y refuerza el control del poder ejecutivo sobre el sistema de justicia penal, la renuncia oficialmente voluntaria, pero vista por la oposición y analistas como forzada por la presidente Claudia Sheinbaum ha sido interpretada como una demostración de que la Fiscalía General de la República no operaba con la independencia real que se esperaba de un primer fiscal general autónomo, muchas organizaciones civiles, argumentan que la institución fue utilizada como un instrumento de control político y no como un órgano imparcial de procuración de justicia.
La designación de Ernestina Godoy Ramos, como encargada de Despacho de la Fiscalía General de la República, es vista como un paso hacia una mayor alineación de la fiscalía con la agenda del partido gobernante y la presidenta; naturalmente que esta decisión genera preocupaciones sobre la imparcialidad, especialmente en los casos de alto perfil que involucran a miembros de Morena o a lo que ellos le llaman sus adversarios políticos.
La forma en que se gestiona la salida del fiscal y el nombramiento de Godoy ha sido criticado por todos por su falta de transparencia y la ausencia de participación ciudadana o, al menos, del Senado para evaluar la gestión, esto contradice los principios de buen gobierno y de rendición de cuentas que son fundamentales en la lucha contra la corrupción.
La salida de Gertz, en medio de investigaciones, polémicas y casos de presunta corrupción, como los que ya he mencionado, alimenta la percepción de que estos casos podrían manejarse con criterios políticos en vez de criterios legales, potencialmente, garantizando pactos de impunidad.
Y por los próximos días escucharemos el discurso del oficialismo en el sentido de argumentar la necesidad de una transformación de la Fiscalía General de la República, para que sea más transparente para que dé mejores resultados para que se pueda tener una mejor coordinación con el poder ejecutivo.
El único reto que les queda es mantener las estrategias de comunicación con temas de coyuntura internacional, quizá volveremos a oír sobre la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y algunas otras fantasías comunicacionales de este perfil, desde luego sigue siendo rentable criticar y atacar.
La credibilidad de los críticos seguirá siendo una táctica recurrente en la comunicación política de nuestro país, es decir, tendremos una nueva combinación de distractores, mientras redefinen la narrativa con énfasis en temas de seguridad, y también la promoción de otras políticas que les permitan recuperar la agenda mediática y minimizar las críticas desde la sociedad.
