En todo este andar (peregrinar), el acompañamiento del Estado es nulo e inexistente con una innegable fallida implementación de una adecuada política agropecuaria y alimentaria.
Desde tiempos inmemoriales el sector campesino (agropecuarios y agricultores), ha sido, sigue y seguirá siendo un eslabón débil en la economía y desarrollo social del país. Hasta en tanto no se haga justicia y reconozca el esfuerzo esmerado por el campesino en cada proceso productivo llevado en la obtención del fruto que alimentará a un sinnúmero de personas y demás seres vivos, se podrá hablar de humanismo y reconocimiento a la dignidad del sector.
La lucha eterna que ha caracterizado al sector desde antes de la conquista (invasión de la corona española); -quizá, desde los inicios al primer milenio-, indudablemente, es el problema latente al desconocimiento del derecho a la tenencia y renta de la tierra de quien la produce; -desde entonces- la concepción no ha variado, incluidas otras injusticias originadas por la tierra y el poder, “El reparto agrario fue el desenlace histórico de una larguísima disputa de siglos por la tierra y el resultado inmediato de las movilizaciones de las clases subalternas: trabajadores urbanos, campesinos, indígenas, maestros, todo el inmenso ejército de pobres de México; de múltiples luchas y presiones en el seno de nueva clase gobernante, y de los enfrentamientos y las negociaciones entre unos y otros en la sociedad y el Estado postrevolucionario.” Adolfo Gilly.
Evidentemente, solo se han modificado las formas de eternizar injusticias contra de ese sector. Ahora concierne al mercado detentar el poder y decidir arbitrariamente por el campesino. Si bien es cierto, una vez concluida la revolución mexicana se modificó el artículo 27 constitucional para devolver el poder primigenio a la renta de la tierra a la nación, arrebatándosela a los terratenientes en sus ideas patrimonialistas de haber sido heredada las propiedades por la Corona, también lo es que en el artículo citado, (en época post revolucionaria) no se definía la disyuntiva del mercado; es decir, si la tierra sería objeto de transacciones comerciales privadas, en consecuencia dejaría de ser patrimonio de la nación para convertirla en propiedad privada de algunas personas.
Por décadas el 27 fue un apartado ambiguo que vulneraba (desde sus inicios modificatorios), el derecho de la tenencia de la tierra del campesino, para dar paso al régimen neoliberal iniciado en a finales de los 80’ del siglo XX, evidentemente se materializaron dichas intenciones con las reformas impulsadas por Carlos Salinas de Gortari. El estado mexicano representado por sus órganos y la federación en su conjunto se ha visto rebasado por el mercado -a propósito del régimen neoliberal-.
Con bastante anticipación, lo advertía el historiador y periodista en renglones arriba referido, sugería en su obra titulada La revolución interrumpida, “…es materia de las discusiones y enfrentamientos políticos de estos amargos tiempos en que los neoconservadores y neoliberales quieren eliminar hasta la idea misma de un dominio de lo público para que el mercado, y no la comunidad, decida ciegamente quien come y quien no come, quien se educa y quien no se educa, quien se cura y quien nomás se muere. Y cuando se dice que el mercado decida, quien decide finalmente es quien es quien es fuerte en ese mercado, los dueños del dinero y los dueños del poder”.
Las predicciones de Gilly -aunque se hayan expresado con anticipación hace un par de décadas-, no fueron lejanas a la realidad hoy vivida, no fue producto de una coincidencia el que finalmente se transmutaría el poder de decidir por la colectividad al soberano difuso (entes comerciales). El Estado, se ha convertido en una especie de espectador ante el conjunto de acciones privadas que deciden por la comunidad, en las que deja fuera no sólo a ésta, sino al propio poder público.
Vayamos por partes, el actuar con el que basan su decisión privada (poder económico) se denomina “oferta y demanda” y aunque no es ley, la especulación la hace tal. Sí, por supuesto que existe incertidumbre en el desarrollo social y crecimiento económicos, no sólo para el sector sino para toda la nación y se determina precisamente por la oferta y demanda establecida por quien detenta el poder económico.
Los productores agrícolas dependen de su supervivencia a la especulación del mercado. La incertidumbre por siempre acompañante del productor de menor escala experimenta grandes temeridades, van desde el inicio del proceso (con la selección del producto a reproducir), asegurando la calidad de la semilla o raza pecuaria pretendida en su línea de producción, pasando por las inclemencias del tiempo (las menos dañinas en el proceso, con una buena planeación), continuando con los insumos adquiridos a altos costos, hasta llegar a lo más complejo y determinante para su supervivencia de productor, la comercialización (implica un navegar turbulento ante tiburones), generalmente esta actividad final del proceso, es realizada con intermediarios quienes realmente llevan una gran utilidad en el proceso de producción.
