El caso de los mineros privados de la libertad en Concordia, vuelve a exhibir una realidad que se intenta minimizar: la violencia en la zona no es un hecho aislado ni reciente.
También se informó que no existe un reporte previo de extorsión hacia la empresa.
En El Verde no sólo se localizó una fosa clandestina, sino que se investiga el hallazgo de al menos cuatro fosas más, lo que apunta a una problemática de mayor dimensión.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que el posible móvil de la desaparición y asesinato de los mineros, de los cuales hasta ahora se han identificado cinco personas en una fosa clandestina, habría sido porque fueron confundidos con integrantes de un grupo criminal antagónico, según versiones de personas detenidas.
Sin embargo, reducir el caso a una “confusión” resulta insuficiente frente a los antecedentes que ya existían. En abril de 2025, la propia empresa canadiense dio a conocer un comunicado en el que advertía sobre condiciones de inseguridad en el proyecto minero de Pánuco, situación que incluso derivó en paros de labores. Es decir, la violencia en esta zona de Concordia no apareció de la nada.
A la par, en Mazatlán también se investiga la privación de la libertad de cuatro turistas originarios del Estado de México, quienes, de acuerdo con la información oficial, fueron interceptados por un grupo criminal. En este caso ya participa la Fiscalía General de la República.
La intervención de autoridades federales se presenta, una vez más, como una respuesta obligada ante la magnitud de los hechos, pero también deja ver la lentitud, o la falta de resultados, de las instancias estatales para contener y esclarecer una violencia que lleva tiempo instalada en la región.
La percepción es clara: cuando la crisis se vuelve imposible de ocultar, es cuando finalmente entran las autoridades federales, no necesariamente porque el problema sea nuevo, sino porque ya es demasiado grande para seguir ignorándolo.
