Transparencia en retirada
La señal es clara. El modelo de contrapesos incómodos estorba, y la transparencia independiente parece haber dejado de ser prioridad.
La reforma deroga el párrafo del artículo 109 Bis B de la Constitución local, que sustentaba la existencia de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.
Traducido al lenguaje ciudadano, el gobierno se vigilará a sí mismo, será juez y parte. Decidirá qué información se entrega, cuándo se entrega y, sobre todo, cuál se reserva o se oculta.
¿De verdad alguien cree que eso fortalece la transparencia?
Durante el debate legislativo, diputadas y diputados del PRI y del PAN advirtieron el riesgo que hoy se concreta.
Por ejemplo, la diputada priista Paola Gárate Valenzuela señaló que Morena está “asesinando la transparencia”.
El diputado del PAN, Jorge González Flores, dijo que a los gobiernos de Morena les incomoda todo lo que abone a las libertades.
El problema no es la definición de funciones, sino quién las ejerce y bajo qué incentivos.
La experiencia, en México y en el mundo, demuestra que la transparencia solo funciona cuando existe autonomía real, independencia política y capacidad para incomodar al poder. Todo lo demás es simulación.
Hoy la pregunta es inevitable: ¿a qué le temen?
¿A los archivos abiertos? ¿A las solicitudes de información? ¿A que se conozcan decisiones, contratos, gastos y omisiones?
La desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública en Sinaloa no es un avance. Es una advertencia. Y, lamentablemente, también es un paso atrás.
Lamentablemente, es lo que hay.
