¿De qué sirven entonces las Mesas de Construcción de la Paz si no existen mecanismos efectivos de reacción inmediata cuando la gente más lo necesita?
La madrugada de este domingo, la cabecera de la sindicatura Villa Unión volvió a vivir el horror. El ataque que dejó dos personas muertas no solo estremeció a la comunidad, también desató una profunda indignación entre sus habitantes. Y no es para menos.
El enojo no fue únicamente por la brutalidad del crimen, sino por la ausencia de una respuesta oportuna por parte de las autoridades. Según los mensajes de auxilio que una de las víctimas envió por WhatsApp, los disparos y el incendio de su vivienda comenzaron alrededor de las cuatro de la mañana. Desesperado, pedía a sus contactos llamar al 911 para que la policía acudiera en su auxilio. Nunca llegaron.
En contraste, el secretario de Seguridad Pública, Jaime Otoniel —con sus ya conocidos “otros datos”— afirmó que el reporte se recibió hasta las seis de la mañana y que los agentes arribaron media hora después, una vez que contaban con apoyo federal para proteger la integridad de los elementos municipales. Protocolos, sí. Pero ¿y la integridad de los ciudadanos bajo fuego?
Cuestionada sobre el hecho, la alcaldesa Estrella Palacios calificó lo sucedido como “inaceptable” y prometió reforzar operativos, repetir diagnósticos y aplicar medidas que ya suenan a letanía. Palabras que, en los hechos, no se traducen en resultados tangibles que permitan pensar que en materia de seguridad existen avances reales.
Ésta es la realidad: una inseguridad que crece, autoridades que reaccionan tarde y una ciudadanía que, sin resignarse, observa cómo la violencia se normaliza ante la falta de respuestas efectivas. Lamentablemente, por ahora, es lo que hay.
