Justicia a conveniencia
En Sinaloa la procuración de justicia parece avanzar no al ritmo de la ley, sino al compás de la conveniencia política.
Es el caso de las denuncias presentadas contra 2 exgobernadores de Sinaloa, anunciadas con estridencia, pero aún sin consecuencias reales.
Y no porque falten elementos, ya que sostienen los acusadores que sobran evidencias, sino porque sobra cálculo.
Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, fueron señalados por presuntas irregularidades que, según la actual administración, heredaron de manera irregular una deuda superior a los 17 mil 141 millones de pesos.
Las denuncias, dice el gobernador Rubén Rocha Moya, fueron presentadas hace más de seis meses y hoy están “exclusivamente en manos” de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República.
El mensaje es claro. El Ejecutivo ya cumplió y ahora la responsabilidad es de otros.
El propio gobernador Rocha Moya se ha cuidado de no adelantar juicios ni sanciones. “Eso ya está en la Fiscalía”, repite, como si la frase bastara para deslindarse de un sistema que históricamente ha respondido al poder en turno. Formalmente tiene razón; políticamente, el argumento resulta insuficiente.
Mientras las investigaciones sigan atrapadas en el limbo burocrático y político, el mensaje para la ciudadanía es triste. Que la justicia no es pareja, no es ciega y no es autónoma. Se activa cuando conviene y se congela cuando estorba.
Por lo pronto, es lo que hay.
