*Maestro en democracia y derechos humanos.
@Ebuendiaz
Hace unos días la presidenta de la República rindió un informe sobre los 100 primeros días de gestión. En muchas calles del país, principalmente en las avenidas más importantes, se observaron pancartas y mantas en las que se anunciaba con bombo y platillo sobre un mitin en el que se informaría sobre el trabajo gubernamental que se había realizado de octubre a la fecha.
Definitivamente estos 100 días se han caracterizado por reconfigurar el Estado mexicano a través de reformas constitucionales que han sido aprobadas por una verdadera aplanadora legislativa. Transformación de la vida púbica le llaman. Bajo la bandera de que todo lo ocurrido es un deseo del pueblo que se expresó en la urnas, la fuerza política mayoritaria y sus aliados han aprobado medidas que solo buscan concentrar el poder presidencial y dinamitar cualquier control del mismo.
Seamos claros: el equilibrio de los poderes, la rendición de cuentas y el ejercicio de los derechos humanos son cualidades de los Estados democráticos. Durante muchos años, miles de ciudadanas y ciudadanos, incluyendo personas que hoy se encuentran en el poder, lucharon para que México las adquiriera y consolidara. Tristemente, como he escrito en columnas anteriores, la visión de Estado con responsabilidad y la objetividad son bienes escasos en las altas esferas del poder.
En efecto, el equilibrio de poderes está dinamitado y ello no puede ser motivo de festejo. Hoy sabemos que este año se va a elegir por primera vez a los juzgadores, esto es, ahora el pueblo, con su voto, determinará quien va a impartir justicia a partir de una lista de personas que ya fueron preseleccionadas por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Si bien dicha reforma constitucional fue aprobada en la gestión gubernamental anterior, la hoy titular del Ejecutivo ha sido su defensora y promotora. De hecho, ha sido clara en que la elección de jueces y magistrados es una gran medida y que redundará en menor corrupción. Pero ¿Realmente será una justicia imparcial?
El Poder Judicial de la Federación tiene la atribución de revisar los actos de los otros poderes de la República (Ejecutivo y Legislativo). De ahí que sea obvio que en caso de que éstos sean contrario a derecho, deben ser revocados. Dicho actuar y atribuciones se insertan en lo que se conoce como división de poderes. ¿Quienes sean propuestos por el legislativo o el ejecutivo garantizan imparcialidad en la toma de decisiones?
No olvidemos que la idea de la elección judicial surge de la molestia que generaban las decisiones de jueces y magistrados. Recordemos que en el sexenio pasado, el Poder Judicial emitió diversas resoluciones en las que hizo prevalecer la Constitución y las leyes y, en consecuencia, dio marcha atrás a actos legislativos y decisiones presidenciales. En otras palabras, cumplió su función constitucional. Misma que hoy es incierta, precisamente por la parcialidad con la que pueden actuar algunos jueces.
Por otro lado, en estos 100 días se concretó la desaparición de diversos órganos constitucionales autónomos. Tampoco ello puede ser motivo de festejo. Dejan de existir instituciones que ejercían funciones específicas y especializadas de alta importancia que no debían verse vulneradas ni orientadas por quienes ejercen los poderes públicos, particularmente el gobierno federal.
Más que adelgazamiento de las estructuras del Estado y combate a la corrupción, se trata de una concentración del poder. Imaginen. Ahora, el gobierno será quien analizará si se debe entregar información gubernamental, quien protegerá el uso de datos personales de millones de mexicanas y mexicanos, quien evaluará la política de desarrollo social y la medición de la pobreza, así como quien determinará los indicadores o criterios para la mejora de la educación.
Las medidas que he referido tienen un impacto negativo en el ejercicio de derechos humanos. Una imparcial impartición de justicia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, entre otros, son derechos de las y los mexicanos y deben ser respetados y garantizados, hayan votado o no por la actual fuerza política que está en el gobierno. No hacerlo es actuar de manera autoritaria y ello no debe ser festejado.
Para evidenciar ese talante, recientemente se aprobó una reforma constitucional para aumentar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (artículo 19). Una medida que organismos internacionales han considerado contraria a derechos humanos; sin embargo, ahora la mayoría gobernante no solo ha obviado eso, sino que ahora estableció en el texto constitucional que todos los órganos del Estado tienen prohibido hacer interpretaciones sobre ese tema y los obliga a aplicar dicha media de manera literal. ¿No que estaba prohibido prohibir?
