*Consultor en materia electoral
@ebuendiaz
La reforma electoral enviada por la Presidencia de la República fue desechada el pasado miércoles en la Cámara de Diputados. Al tratarse de una propuesta de reforma constitucional, era necesario que la votaran a favor dos terceras partes de la Cámara. No ocurrió así y no alcanzó la mayoría calificada. De hecho, obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención. El dato importa no solo porque la oposición votó en contra, sino porque tampoco dentro del oficialismo hubo respaldo completo. El PT y el PVEM se apartaron de la propuesta. Eso, por sí solo, ya impide hablar de una reforma sostenida en un consenso político mínimamente sólido.
Las reformas electorales no son reformas cualquiera. No corrigen un aspecto aislado del funcionamiento estatal, sino que modifican las reglas bajo las cuales se compite por el poder y se traduce la voluntad ciudadana en representación política. Por eso, en esta materia no basta la voluntad de una mayoría. Se requiere deliberación pública suficiente y un acuerdo político más amplio que dote de legitimidad a las nuevas reglas.
Lo que pasó en San Lázaro confirmó que esas condiciones no estaban dadas. La iniciativa no falló solo por falta de votos. También fracasó porque no logró posicionarse como una reforma con respaldo político suficiente. Cuando una iniciativa de esta naturaleza ni siquiera cohesiona al propio oficialismo, lo que queda en evidencia es su debilidad y la incapacidad de construir acuerdos, incluso internos.
El asunto no terminó con la votación. Desde entonces Morena planteó la posibilidad de impulsar, por la vía legal, algunos de los puntos contenidos en la reforma desechada. Ahí aparece un problema de fondo. Incluso, figuras relevantes de Morena han reconocido que algunos contenidos centrales de la propuesta presidencial no pueden trasladarse simplemente a leyes secundarias. Si pese a eso se insiste en un Plan B que invada materias reservadas a la Constitución, la discusión dejará de ser solo política para convertirse en un conflicto abiertamente constitucional.
Eso obligaría a activar los mecanismos de control previstos en el artículo 105 de la Constitución. Es importante recordar que en una democracia, los jueces no están para sustituir la decisión política, sino para asegurar que esa decisión permanezca dentro de la Constitución. El riesgo no consiste únicamente en la eventual inconstitucionalidad del Plan B, sino en trasladar a los tribunales un conflicto que debió resolverse dentro de los límites del proceso legislativo.
De ahí que la discusión no puede reducirse a si Morena tiene o no los votos para sacar adelante una reforma legal. Evidentemente lo tiene. La pregunta es otra: si después de no obtener el respaldo constitucional necesario resulta legítimo insistir por una vía distinta en lo que no logró ser aprobado en la vía correspondiente. Así, no se trata de negar la posibilidad de reformar; el problema es insistir en modificar las reglas incluso cuando ya quedó acreditado que no existe el consenso político necesario para hacerlo.
Así, el Plan B sería la señal de que el límite constitucional expresado en la votación es un simple obstáculo político que puede sortearse, y eso debilita la certeza jurídica que debe regir cualquier proceso electoral. Además, hace evidente la intención de Morena de imponer una visión única desde el poder sobre las reglas que rigen a la competencia democrática.
Seamos claros. De cara a 2027, esa no es una señal menor. Lo que viene no será un proceso electoral cualquiera. Además de la renovación de la Cámara de Diputados, habrá elecciones locales de alta relevancia en todo el país, incluidas 17 gubernaturas y la eventual organización de la elección de personas juzgadoras en todo el país. Precisamente por la dimensión política que hay detrás de esos procesos electorales, lo que se requiere no es ensayar fórmulas nuevas o jurídicamente cuestionables, sino preservar reglas ciertas, conocidas y ya probadas en procesos anteriores.
Si se debilita al mismo tiempo la legitimidad de las reglas y se pone a prueba la confianza en quienes deben proteger la Constitución, lo que se resiente no es solo una reforma, sino el equilibrio institucional de la democracia. Durante buena parte de nuestra transición, las reformas electorales buscaron ampliar garantías de competencia y representación a partir de consensos suficientes; por eso sería regresivo que hoy se pretendiera modificar esas reglas a través de una imposición y fuera del marco constitucional.
