Más allá del listado de cambios propuestos por la presidenta, que sin duda son muy importantes para nuestra democracia, hay una pregunta que no ha sido respondida con claridad: ¿Cuál es el diagnóstico que justifica esta transformación?
Consultor en materia electoral
Hace un par de días, la presidenta presentó el contenido de su reforma electoral con un enfoque centrado en la supuesta austeridad, la eficiencia y la reconfiguración de la representación política. De acuerdo con lo difundido en medios nacionales, la iniciativa propone reducir aproximadamente 25% el gasto del sistema electoral, modificar el esquema de representación proporcional, disminuir el número de integrantes del Senado de 128 a 96 y ajustar diversas reglas operativas, incluyendo mecanismos de organización y cómputo electoral.
La experiencia demuestra que toda reforma estructural, como la que se está proponiendo, debería partir de una evaluación explícita del problema que pretende corregir. ¿Existe una crisis de legitimidad electoral? ¿Hay evidencia de colapso en la representación proporcional? ¿Se ha documentado un deterioro sistemático en la equidad de la contienda? Hasta ahora, lo presentado públicamente enfatiza el ahorro, pero no se ha acompañado de un diagnóstico integral que describe fallas estructurales del modelo vigente.
Seamos claros. El sistema electoral mexicano es producto de reformas graduales que se orientaban a mejorar el sistema, precisamente a partir de los defectos que las motivaron. Todas las reformas constitucionales en materia electoral, como fueron las de 1977, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, tuvieron un objetivo: mejorar nuestro sistema electoral. La propuesta actual, en cambio, no ha explicado qué defecto estructural quiere corregir.
En democracias consolidadas, las reformas electorales de fondo, como la que se pretende hacer ahora, suelen sustentarse en diagnósticos elaborados por comisiones técnicas, informes de evaluación postelectoral, auditorías independientes o análisis elaborados por órganos especializados. Incluso, es una verdad de Perogrullo que modificar reglas de competencia sin una base empírica sólida genera sospechas sobre la neutralidad de la reforma. La estabilidad de las reglas es un valor fundamental, porque brinda certeza a partidos, candidatos y ciudadanía. Confianza, en una sola palabra.
No se trata de oponerse por principio a cualquier modificación. Las instituciones democráticas no son inmutables y siempre es importante identificar las áreas de mejora. De hecho, es clave que puedan y deban adaptarse a nuevas realidades tecnológicas, sociales y presupuestales.
Sin embargo, la legitimidad de una reforma electoral depende tanto de su contenido como de su justificación y, por supuesto, del consenso. Cuando se alteran reglas del juego político, como se pretende con la propuesta presidencial, hay que informar objetivamente las fallas del sistema y entonces la carga argumentativa de quien propone es mayor. De otra forma, el rediseño es a modo.
Hoy se pretende reducir el costo del sistema electoral y sobre eso hay que señalar que puede ser un objetivo legítimo en cualquier democracia. Sin embargo, la pregunta relevante no es cuánto cuesta la democracia, sino qué funciones cumplen ese gasto. Si se hiciera, probablemente no habría discusión al respecto.
Por lo que hace a la representación proporcional, hay que señalar que está diseñada para traducir la diversidad política en presencia legislativa. Modificar su fórmula puede implicar alterar el equilibrio entre mayoría y pluralidad. Si no existe evidencia pública de distorsiones graves, el rediseño puede percibirse más como una decisión política que como una corrección institucional.
Bajo esa misma lógica se encuentra la propuesta de reducir el número de senadores. El Senado cumple funciones específicas en materia de federalismo, política exterior y control constitucional. Disminuir su integración puede tener efectos presupuestales marginales en comparación con el gasto total del Estado, pero es un hecho que sí altera la lógica de representación territorial. ¿Existe sobrerrepresentación o ineficiencia funcional que justifique esa reducción?
Finalmente, se han anunciado ajustes en los mecanismos de organización electoral y en procedimientos administrativos con el argumento de eliminar duplicidades. ¿Cuáles? La eficiencia administrativa es deseable; no obstante, cuando se propone sin tomar en cuenta la opinión de las autoridades que operan la norma, puede percibirse más un control político que modernización.
En este momento, lo que hoy conocemos de la propuesta basta para identificar los cambios, pero no sus motivos ni el alcance. Si el objetivo es fortalecer la democracia mexicana, el debate debería iniciarse por una evaluación franca de sus fortalezas y debilidades actuales, pero eso ocurre en democracias consolidadas. A lo mejor, en esto último radica nuestro problema.
