*Consultor en materia electoral.
@ebuendiaz
Las últimas propuestas de reforma constitucional en materia electoral enviadas por la Presidencia de la República han fracasado de manera destacada. Primero, hace un par de semanas, en la Cámara de Diputados no se alcanzaron las dos terceras partes de los integrantes y, en consecuencia, fue desechada la propuesta que buscaba modificar la representación proporcional y el financiamiento a los partidos políticos.
Esta semana se presentó la propuesta de reforma conocida popularmente como el Plan B, la cual llegó al Senado con varios objetivos. El más ambicioso era activar un proceso de revocación de mandato en 2027 y permitir que la propia titular del Ejecutivo lo difundiera y promoviera la participación ciudadana.
El artículo 35, fracción IX de la Constitución Política establece con precisión cuándo y cómo opera la revocación de mandato presidencial: en los tres meses posteriores al tercer año de gobierno. Definitivamente no se trata de una fecha arbitraria, pues responde a una lógica de gobernabilidad que otorga a quien ocupe la titularidad del Ejecutivo tiempo suficiente para implementar su programa antes de someterlo al juicio de la ciudadanía. No olvidemos que la revocación de mandato es un mecanismo de rendición de cuentas que puede resultar en la conclusión anticipada del encargo. No un concurso de popularidad.
La propuesta de la presidenta, avalada inicialmente mediante un acuerdo de Morena, el PVEM y el PT anunciado en distintos medios de comunicación, pretendía que el proceso de revocación iniciara al concluir el segundo año. Bajo una narrativa de ahorro, se buscaba empatar este ejercicio con las elecciones intermedias de 2027. Sin embargo, dicha propuesta contenía efectos negativos, pues de aprobarse, habría alterado las condiciones de neutralidad que exigen los procesos electorales al permitir que la persona titular del Ejecutivo participara activamente en la promoción de su propia permanencia.
Frente a esta propuesta, el miércoles pasado el Partido del Trabajo en el Senado, aliado de Morena en los últimos años, presentó una reserva para eliminar todo lo relacionado con el artículo 35. Su condición fue clara: sin ese punto, el PT acompañaba el resto de la reforma; con él, no habría voto favorable.
Tras este ajuste, todo lo relacionado con la revocación de mandato fue retirado. Finalmente, se aprobaron topes salariales para funcionarios electorales, límites presupuestales a los congresos locales, una reducción gradual del presupuesto al Senado y un límite de 15 regidurías por municipio. Se trata de una reforma centrada en una presunta austeridad, pero que no toca las reglas de fondo de la competencia electoral.
Un aspecto importante es que, si bien las propuestas presidenciales carecieron de diagnósticos previos y claridad sobre qué mejorar de nuestro sistema electoral, también es evidente la falta de un consenso mínimo entre las fuerzas políticas, particularmente con uno de los partidos del bloque gobernante. Van dos ocasiones en que votan contra la propuesta de la Presidenta.
Ante lo ocurrido, surgen dos preguntas: ¿Debemos considerar al PT como un salvador de nuestra democracia? No. Su actuar se enmarca en las tensiones y negociaciones propias de las coaliciones de gobierno; sus diferencias se están dirimiendo a través del diálogo institucional. Probablemente lo que llame más la atención es que aun sabiendo que podía ser motivo de falta de apoyo, se haya incorporado a la propuesta que fue presentada al Senado. Lo que hace evidente un cálculo político fallido o una preocupante falta de consenso previo.
¿Lo ocurrido forma parte de los anhelados contrapesos? Me parece que sí. Que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano hayan votado en contra del dictamen en su conjunto es comprensible, pues la función de la oposición es cuestionar y votar conforme a sus convicciones. Que el PT también haya marcado distancia evidencia algo que resulta necesario en democracias saludables: que los contrapesos no dependan exclusivamente de la oposición formal, sino que emerjan de grupos afines al gobierno. Al final, lo que se busca evitar es que ningún actor político, por mayoritario que sea, pueda alterar las reglas sin el mayor consenso político posible.
La resistencia del PT, más allá de cálculos particulares que lo llevaron a actuar en el sentido que lo hizo, demuestra que incluso dentro de los bloques mayoritarios existen límites que no se pueden cruzar. Al final, la política se impuso a la voluntad presidencial.
Aunque la presidenta diga que es malo para el país, lo ocurrido debe ser motivo de reconocimiento. Quizá parezca lejano en el México contemporáneo, pero el sistema democrático se fortalece cuando las instituciones funcionan como estaba previsto, y eso es precisamente lo que acaba de ocurrir.
