Por ello, si en el proceso de designación de Consejerías electorales se advierte que el acceso a ese cargo depende de la cercanía con el poder, es evidente que el daño institucional comienza antes de la primera sesión.
*Consultor en derecho.
@ebuendiaz
El martes pasado, la Cámara de Diputados designó a Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yassahara Cruz García y Frida Denisse Gómez Puga como nuevas personas integrantes del Consejo General del INE para el periodo 2026-2035. Dicha designación no debería leerse como un relevo administrativo más. Se trata de una decisión que, por la falta de legitimidad de origen, trastoca los cimientos de la confianza de una de las instituciones más importantes de este país.
No deben quedarnos dudas que la designación de las nuevas consejerías electorales fue el desenlace de un procedimiento opaco, poco transparente y políticamente contaminado. Incluso en contra de las propias reglas que regían el procedimiento, pues en la convocatoria se señalaba que en este iba a imperar el principio de máxima publicidad.
De haberse cumplido, ello hubiera permitido a la ciudadanía conocer no solo quiénes avanzaban en las etapas, sino también las razones por las que lo hacían. Lamentablemente, lo que vimos fue otra cosa, esto es, observamos en menos de 40 días un proceso donde nunca quedó claro, de manera verificable y convincente, por qué ciertos perfiles con trayectorias destacadas en materia electoral desde hace muchos años fueron descartados y otros con nula o menos experiencia fueron impulsados hasta la recta final.
En un procedimiento de esta naturaleza, las designaciones no se legitiman solo por el resultado, sino por la calidad del método. Cuando no se transparentan con claridad los criterios de evaluación y mucho menos se explican las razones de descarte, se incrementan las dudas sobre favoritismos, filtraciones o cercanías políticas. Al final se erosiona la credibilidad de la institución que habrán de integrar.
Lo anterior es así, pues el INE es una autoridad fundamental para el país y su Consejo General, integrado por las y los consejeros electorales, es el órgano superior de dirección encargado de velar por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en las distintas funciones que realizan, principalmente la organización de las elecciones.
Seamos claros. Más allá de las personas que fueron designadas y sin dudar de su capacidad, es importante señalar que el principal problema es el mensaje político que deja el proceso. Esto es, que en México se puede integrar al árbitro electoral sin explicar de manera suficiente porqué unos perfiles sí y otros no; que la opacidad puede convivir con la formalidad; y que la mayoría legislativa puede tomar las decisiones de manera unilateral sin buscar el consenso político que históricamente había dado fortaleza a las designaciones del órgano electoral, y pedir confianza sin rendir cuentas completas sobre sus decisiones. Recordemos que en 2003 se nombró un Consejo General sin consenso, dejando fuera de la negociación al extinto PRD y ¿cuál fue la consecuencia? Un árbitro débil que no soportó una elección presidencial altamente competida.
Frente a lo ocurrido, ¿qué tendría que hacer la ciudadanía ante un hecho que siembra dudas sobre el funcionamiento de una institución tan importante? Primero, no hay que abandonar a la institución. Al contrario, hay que ejercer nuestro derecho a la rendición de cuentas y vigilar el desempeño concreto tanto de las nuevas consejerías como las que ya ejercían el cargo, lo que implica analizar sus decisiones frente al gobierno y los partidos.
Lo peor que podríamos hacer es dejar a la institución y con ello aceptar que la confianza pública puede administrarse como un asunto secundario. No lo es. En un país con una historia larga de disputas postelectorales, desconfianza institucional y polarización política, el árbitro no solo debe ser autónomo, también implica parecerlo, demostrarlo y poder acreditarlo ante la ciudadanía.
La Cámara de Diputados ya tomó una decisión constitucional. Guste o no. Ahora le toca a la sociedad hacer lo que el procedimiento no hizo bien, crear contextos de exigencia a quienes integran el Consejo General para que demuestren no solo la independencia que el proceso no garantizó, sino también que las decisiones que tomen sean lo más apegadas posible a la imparcialidad y objetividad que ordena la Constitución.
