Pulso CDMX / 4/20: sin señal de humo
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Ciudad de Mexico, 13 de abril de 2026
Otro 4/20 (Día Mundial de la Cannabis) sin protección del Estado. Desde el 2021, la Suprema Corte declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley General de Salud que criminaliza el consumo y la portación de cannabis. Con ello, se impuso una obligación al Congreso de la Unión: legislar.
Esa obligación sigue sin cumplirse. La omisión legislativa y la ausencia del tema en la agenda legislativa son decisiones políticas que mantienen en la inseguridad jurídica a miles de personas pacientes, usuarias, cultivadoras que hoy viven bajo la violencia, la discriminación y la amenaza de la persecución.
Las políticas de tolerancia impulsadas desde la administración pasada de la Ciudad de México y fortalecida por Clara Brugada abrieron una vía práctica para reducir la persecución cotidiana. La llegada de Amaya Ordorika al frente del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) marcó un nuevo rumbo. Además de instalar espacios oficiales de consumo en el centro de la Capital, ha impulsado información y mecanismos orientados a la reducción de daños. Pero las detenciones por portación simple, la extorsión en la vía pública y la criminalización selectiva basada en el perfilamiento racial siguen.
El Congreso de la Unión debe asumir con prioridad una ley pragmática que regule uso personal, autocultivo, usos terapéuticos, medicinales y mercados regulados. Mientras, los congresos locales, incluido el Congreso de la CDMX, pueden legislar al adoptar criterios de priorización penal que hagan del delito de portación simple una mínima o nula prioridad de persecución. Esa medida disminuiría la criminalización y permitiría que la policía concentre recursos públicos en delitos de mayor violencia e impacto social.
Regular desde la responsabilidad trae beneficios concretos y medibles: reducción del mercado negro y la violencia asociada; ingresos fiscales y empleo formal; acceso seguro y control de calidad para personas usuarias; menos estigmatización; alivio al sistema judicial y penitenciario; impulso a la investigación científica; mecanismos de reparación para comunidades afectadas por la prohibición; transparencia en el comercio y mayor seguridad pública.
La sociedad civil ha sido pieza clave en este proceso. Organizaciones como el Instituto RIA o México Unido contra la Delincuencia han aportado investigación rigurosa, incidencia técnica y formación de equipos que enriquecen el debate y ofrecen rutas viables y responsables para legislar. Especialistas y activistas han señalado públicamente y comprobado por qué la regulación no es sinónimo de desorden, sino de orden, derechos y protección.
Aun así, conviene lo práctico: tramitar su permiso por la vía administrativa y/o un amparo (en caso de que la solicitud sea negada por Cofepris) para la posesión regulada y el autocultivo. Regularizarse reduce riesgos legales y es un acto que presiona a las autoridades para modificar el contexto legal actual. Varias asociaciones civiles ofrecen su apoyo para ello.
La inacción sólo profundiza injusticias, desigualdades y más violencia. ¿Para cuándo una transformación del paradigma de la cannabis en México? El humo de la omisión criminalizadora debe disiparse para dejar lugar al florecimiento de derechos ya conquistados en el papel.
