La marcha del 15 de noviembre encabezada por la Generación Z constituye una inflexión profunda en la relación Estado-ciudadanía de México.
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Por lo que respecta al operativo policiaco implementado, más allá de haber sido fallido o errático, fue una represión directa, indiscriminada y desproporcionada en contra de la población en la que se recurrió a métodos contrarios a lo dispuesto por la Constitución Federal y por los estándares internacionales mínimos sobre el uso de la fuerza y principios fundamentales de necesidad, proporcionalidad y legalidad, lo que impone realizar una rigurosa revisión jurídico-constitucional y, desde el derecho internacional, en materia de derechos humanos.
Los múltiples testimonios y materiales audiovisuales registrados “in situ” de los sucesos acontecidos en el Zócalo capitalino y sus alrededores al finalizar la marcha, son prueba plena de cómo elementos de los cuerpos policiacos emplearon indebidamente machetes en la oprobiosa valla que rodeaba al Palacio Nacional, al tiempo que lanzaban petardos y piedras de modo indiscriminado contra civiles desarmados junto con latas de gas de grado militar, sin advertencia previa, en áreas exentas de rutas de evacuación. Ello, a la par que comenzaron a masacrar, con golpes directos y haciendo uso de sus escudos como armas contundentes, a cientos de personas que simplemente se manifestaban. La fuerza así empleada buscó intimidar y someter a una población que sólo ejercía sus derechos constitucionales de expresión, reunión y libre tránsito en el espacio público, pero impactó también en niños que fueron “gaseados”, cuyo llanto devino desgarrador, en personas mayores golpeadas, apedreadas y heridas inmisericordemente con petardos, así como en transeúntes ajenos a la marcha que también resultaron heridos.
Qué decir de las violentas detenciones, no exentas de torturas (físicas y psicológicas), en las que se han pulverizado los derechos de los ciudadanos convertidos hoy en presos políticos. En pocas palabras, lejos de contener, la policía capitalina agredió de manera indiscriminada, quebrantó el Estado de Derecho, transgredió a la Constitución al obrar en contra del respeto, protección y garantía de los derechos humanos y violó compromisos como los asumidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vinculantes para México, en los que se estipula que las manifestaciones pacíficas deben ser protegidas y que el uso de la fuerza es un recurso final, sujeto siempre a un escrutinio excepcional.
¿Acaso desconocían la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que se regula por los principios de absoluta necesidad como última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas, legalidad, prevención, proporcionalidad acorde con el nivel de resistencia del agresor bajo criterios de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, rendición de cuentas, racionalidad y oportunidad y la Ley que regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública en la Ciudad de México que les obliga a proteger las libertades y derechos humanos de manera humanitaria? ¿Olvidaron sus mandos que el empleo de agentes químicos de uso militar contra la población civil, sin máscaras ni equipo de protección, es una violación flagrante a los principios internacionales que los prohíben para estos casos, máxime habiendo menores de edad, siendo considerada una práctica cruel, inhumana y degradante?
Sí: lo sucedido ese día evidencia que en México la fuerza pública opera bajo la lógica de la ciega y fanática obediencia política de un Estado convertido en instrumento disciplinario del poder. De ahí que negar la gravedad de estos hechos sea una forma de legitimar la represión estatal contra la protesta pacífica mientras se protege, tolera y manipula el actuar violento de los grupos obscuros al margen de toda legalidad democrática. De ahí también que el 15N no sólo haya puesto a prueba la integridad física de los asistentes, sino también la capacidad del Estado mexicano para actuar dentro de sus propios límites que fueron salvajemente cruzados.
México no necesita justificaciones operativas ni manipulaciones polarizantes. Necesita que el poder asuma la enorme responsabilidad sobre la violencia que tolera y/u ordena. La ciudadanía merece garantías reales de que la fuerza pública no puede utilizarse como herramienta partidista. Las víctimas, a su vez, deben ser resarcidas: merecen justicia, reparación integral y verdad.
El gobierno mexicano, que se asume democrático y humanista, se mostró tiránico al despreciar escuchar al universo ciudadano que anunció habría de manifestarse, y terminó por autocondenarse al abusar arteramente de su poder. Pero cuando la fuerza pública se utiliza para silenciar, disciplinar, intimidar y agredir, lo que se erosiona no es sólo un derecho: es la premisa básica de la convivencia democrática. Y cuando en una Nación se normaliza dicha erosión, el Estado de Derecho termina de extinguirse: la ley deja de proteger y la ciudadanía, desamparada, es entregada al poder dictatorial.
