por Fernando Escobar Ayala
Llevamos tres sexenios sin una política de seguridad coherente, bien pensada y financiada. No existe, en parte, dado lo mucho que se continúa desconociendo sobre las causas, las lógicas y las transformaciones del fenómeno delictivo; en particular, de aquellas ligadas al crimen organizado.
Lo que suele bastar como explicación, del hecho violento que se quiera, es un relato de cárteles en pugna por el control de rutas y plazas, a la vez simple y estridente, que dificulta asir los matices y, en cambio, alienta conclusiones equívocas, parciales, sobre las dinámicas y los actores detrás de la violencia.
Esta suerte de tendencia generalizante, que predomina en nuestra discusión pública sobre la violencia y el crimen organizado, se ha vuelto a hacer patente ahora en el caso de las desapariciones. A propósito de la viralización de las imágenes del campo de exterminio y adiestramiento operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, localizado en Teuchitlán, Jalisco, ha sido frecuente escuchar una suerte de “equiparación” entre sicarios y desaparecidos. Sin embargo, dada la complejidad que ha adquirido el fenómeno, y su entrelazamiento con una amplia variedad de violencias, conviene comenzar a reconocer la multiplicad de prácticas de desaparición que confluyen en el México contemporáneo.
Las imágenes y relatos difundidos, tras los hallazgos en Teuchitlán, han alimentado una hipótesis predominante sobre la lógica y el perfil de las víctimas de desaparición. Esta última sugiere que los desaparecidos son en realidad víctimas de redes de reclutamiento forzado, administradas por los cárteles. En ese tenor, el destino de los desaparecidos se bifurca en dos caminos posibles: el de las filas del crimen organizado, para aquellos que aceptan las condiciones de sus captores, que a su vez supone la criminalización de las víctimas; o el de la fosa clandestina, para quienes se rebelan contra sus captores, y que conlleva presuponerlos como muertos. Ambos juicios (que el desaparecido es un criminal, o que ya no se encuentra con vida) son contrarios a los principios que deben orientar las acciones de búsqueda, por lo que partir de este tipo de hipótesis da pie a violar los derechos de las víctimas.
No obstante, esta hipótesis (como otras antes) corre el riesgo de simplificar un fenómeno que en realidad comprende un repertorio más amplio de estrategias. Claudio Lomnitz ha ofrecido una tipología útil al respecto, al dividir las desapariciones perpetradas por actores criminales en dos grandes modalidades: aquellas vinculadas al homicidio (como estrategia para desaparecer el cuerpo) y aquellas ligadas a la extorsión (donde la desaparición cumple una función instrumental para fines económicos). En ambos casos, la desaparición es una técnica deliberada, no un subproducto incidental de la violencia.
En la primera categoría, se incluyen los casos de desaparición de personas asesinadas por sus propios compañeros dentro de una organización criminal, ya sea por ajustes de cuentas internos o como forma de depurar la estructura. Esta práctica, aunque poco documentada, es común, y evidencia la lógica jerárquica y de clandestinidad de la que depende el grupo criminal para sobrevivir. A estas desapariciones, se suman los desaparecidos que pertenecen a grupos rivales o que son considerados enemigos. En estos casos, el ocultamiento del cuerpo sigue una lógica táctica: se elige un lugar propicio para ejecutar y enterrar masivamente a las víctimas, como ocurrió en San Fernando, Tamaulipas. Estas fosas, lejos de ser un vestigio pasivo, son artefactos de una racionalidad criminal que busca eficiencia, anonimato y control del territorio, mediante la destrucción total de todo rastro y resto del enemigo.
La tercera subcategoría, dentro de esta misma lógica homicida, es la más inquietante: la desaparición de personas pertenecientes a la sociedad civil. Aquí, la práctica no sólo busca ocultar un crimen, sino producir un efecto social: sembrar el miedo, desmovilizar comunidades, inhibir denuncias. Se trata de una estrategia de silenciamiento y aislamiento, donde la incertidumbre sobre el destino del desaparecido (y el temor a represalias) funcionan como mecanismos de control social.
Reconocer esta diversidad no es un ejercicio académico o meramente taxonómico: es una condición necesaria para generar políticas públicas sensibles a la realidad. Mientras sigamos explicando el fenómeno de las desapariciones con las mismas fórmulas simplificadoras —cárteles, reclutamiento, fosas—, seguiremos fracasando en la atención a las víctimas y en la formulación de respuestas efectivas. Sólo comprendiendo las múltiples lógicas que confluyen en las desapariciones podremos aspirar, algún día, a revertirlas.
