El derecho a la educación

Comprender la magnitud de los problemas sociales actuales exige el reconocimiento de que muchos comienzan por la carencia. Una carencia de justicia social, de igualdad, de oportunidades, pero, sobre todo, de educación.

Una educación de calidad es aquella que ayuda a empoderar a las personas para que puedan ejercer y exigir sus derechos, su cumplimiento posibilita el acceso a la salud, el trabajo digno, la participación política y la construcción de sociedades pacíficas.

En México, el marco jurídico ha declarado históricamente la educación como un derecho y una obligación estatal. Desde la Constitución de 1824 hasta la actual, se ha repetido el compromiso de hacerla obligatoria y gratuita. Sin embargo, ha resultado un reto político, teórico y práctico. El rezago educativo es evidente.

Millones de niñas, niños y adolescentes permanecen fuera de la escuela o reciben una educación deficiente. La pandemia, profundizó esta brecha y las políticas públicas para atacar esta problemática han sido prácticamente nulas o ineficientes.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido que los Estados Parte reconocen que toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe promover el total y absoluto desarrollo de la personalidad y la dignidad, fortalecer el respeto a los derechos humanos, fomentar la participación en una sociedad libre y promover la tolerancia.

A pesar de ser un derecho constitucional, la educación sigue dependiendo de presupuestos insuficientes, programas ineficientes de capacitación docente y espacios educativos carentes de estructuras que permitan el desarrollo integral de los alumnos.

Hoy más que nunca, México enfrenta retos complejos que requieren una educación con enfoque de derechos humanos y construcción de paz. No se trata solo de añadir contenidos sobre convivencia y tolerancia. Es indispensable que las políticas públicas aborden las causas estructurales de la violencia y generen oportunidades reales de desarrollo. Además, es imprescindible que las infancias y las adolescencias reciba espacios seguros. Cada vez más jóvenes quedan fuera de la escuela y expuestos a contextos de calle donde son reclutados por el crimen organizado, acercándolos a entornos de violencia e inseguridad.

La educación debe entenderse como una inversión preventiva y proactiva, que impacte en todas las áreas del bienestar: salud, seguridad, democracia, oportunidades, crecimiento económico, entre otras. Si México aspira a consolidar su democracia y construir un presente de justicia y dignidad, es indispensable superar la precariedad educativa. La realidad queda muy lejos de los discursos políticos sobre la educación, los jóvenes se encuentran en espacios educativos inseguros, obstaculizados por la presencia de drogas y múltiples factores de riesgo que dificultan la permanencia escolar, por lo que, muchos estudiantes terminan por desertar. La educación puede ser la alternativa a muchas problemáticas sociales actuales. Debe ser prioridad y debemos exigirla como tal.

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