El derecho de manifestación sí está en riesgo
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Ciudad de Mexico, 10 de abril de 2026
Hace unos días, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado cuyo encabezado contenía una frase antidemocrática y autoritaria: “No existe razón para manifestarse el día 6 de abril por parte de algunas organizaciones del campo y del transporte”.
El solo hecho de que la autoridad se asuma con facultades para juzgar a los manifestantes refleja un talante antidemocrático. Las razones para manifestarse las conocen quienes se manifiestan, sean individuos u organizaciones, no la autoridad, que debería estar atenta a las distintas posturas. Además, el derecho de manifestación no se agota ni en reuniones previas ni en las acciones de gobierno que el propio comunicado presume.
No es la primera vez que, desde el gobierno, incluso desde la Presidencia de la República, se juzga y se amenaza el derecho de manifestación. La reacción oficial frente a la protesta de la Generación Z en noviembre comenzó varios días antes: se criminalizó a los convocantes y se les acusó de tener vínculos políticos con la oposición. Eso, naturalmente, no sólo no resta legitimidad al derecho de manifestación, sino que además describe lo que Morena hizo desde su nacimiento formal, participando activamente en muchísimas movilizaciones locales y nacionales; lo mismo hicieron Andrés Manuel López Obrador y sus liderazgos afines a lo largo de años de movilización social en este país.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha reiterado, entre otras cosas, que es fundamental “reconocer que los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación desempeñan un papel decisivo en el surgimiento y la existencia de sistemas democráticos eficaces, pues constituyen un cauce para el diálogo, el pluralismo, la tolerancia y la amplitud de miras, en el que se respetan las convicciones o creencias minoritarias o disidentes”, así como “asegurar que nadie sea criminalizado ni objeto de amenazas o violencia, acoso, persecución, intimidación o represalias por ejercer los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación”.
Al menos en esos dos puntos, el Gobierno de México y muchos gobiernos estatales están fallando. A los manifestantes que no les son afines se les repudia, se les etiqueta y se les criminaliza desde días antes. A otros, en cambio, se les deja pasar en silencio. Y eso significa mucho, porque revela que hay manifestaciones bienvenidas y manifestaciones incómodas.
Tampoco puede ignorarse lo que significa amurallar el Zócalo cuando se prevén protestas no afines, o negar el despliegue de la bandera en el Zócalo, salvo que sean actos del “partido de Estado”. El régimen desprecia a quien piensa distinto y, mientras ninguna fuerza opositora represente un riesgo serio para la hegemonía prevaleciente, quizá las tolere entre descalificaciones y desdén, con frases como “no existe razón para manifestarse”. Pero el día en que cunda el pánico ante el ejercicio de ese derecho, como ocurrió con Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, estarán dispuestos a reprimir.
En ese sentido, el comunicado del domingo 5 de abril y las declaraciones de la secretaria de Gobernación, en las que acusa a partidos de oposición, transparentan su verdadera esencia: desprecian la democracia, desprecian los derechos humanos y desprecian el derecho de manifestación de quienes no creemos que Morena esté salvando al país.
