La semana pasada organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica fuimos invitados por el Legal Empowerment Fund (LEF) del Global Fund for Human Rights a la Ciudad de Panamá al Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia (CIAJ). El Convenio se discute en el marco de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), que desde 1970 reúne a ministros de justicia y representantes de Estado de Iberoamérica. La reunión en Panamá tenía como objetivo la adopción del texto definitivo.

El texto es un proyecto de convenio internacional impulsado por la COMJIB, estructurado en ocho capítulos y 55 artículos, para establecer un marco vinculante de acceso a la justicia en Iberoamérica. Define el acceso a la justicia como un derecho humano que implica información, orientación jurídica y mecanismos judiciales y alternativos para resolver conflictos, y plantea fortalecer la defensa pública, reducir barreras para grupos vulnerables y promover justicia abierta, tecnología y cooperación entre Estados.

Acceso a la justicia es más que leyes. Hablar de acceso a la justicia no es solo hablar de tribunales o reformas legales. Es preguntarnos si una persona sabe qué hacer cuando enfrenta un problema legal, si puede encontrar orientación, si tiene recursos para defenderse y si el sistema realmente responde cuando decide acudir a él. En otras palabras: cómo lograr que los sistemas de justicia dejen de ser estructuras lejanas y se conviertan en herramientas reales para las personas.

Empoderamiento jurídico en la práctica. El empoderamiento jurídico busca llevar el acceso a la justicia a la vida cotidiana: programas y organizaciones que permiten que las personas conozcan sus derechos, entiendan el sistema y tengan herramientas para defenderlos. Las reformas por sí solas no bastan sin información, orientación jurídica, defensa adecuada y capacidades comunitarias. Esto es especialmente relevante en México, donde el acceso a la justicia sigue marcado por desigualdades económicas, territoriales, lingüísticas y raciales. Organizaciones como Namati han empujado este concepto tanto en la semántica como en la práctica.

Quién está en la mesa importa. Había pocas mujeres y prácticamente ninguna persona racializada entre los ministros de justicia ni entre quienes representaban a organizaciones internacionales. No es un detalle menor. La forma en que se diseñan las políticas públicas y los instrumentos internacionales también depende de quién participa en esas conversaciones.

De lo internacional a lo local. A veces resulta irónica la discusión sobre empoderamiento jurídico desde espacios tan alejados de muchas realidades. Reconocemos el esfuerzo del LEF por traer a varias organizaciones de la sociedad civil. Fue importante estar ahí e incentivar el diálogo con quienes están caminando ese camino. “La pelea es peleando”, decía el líder indígena panameño Victoriano Lorenzo antes de su fusilamiento en 1903. Las leyes se hacen, pero la justicia se construye en el campo, en el camino. Hay que escuchar a quienes dan la pelea.

México — con reforma judicial y todo — ausente. El único ausente en las conversaciones fue México. Nuestro país fue mencionado varias veces por el facilitador y por otros ministros de justicia preguntando por qué no hemos participado y señalando que además se adeudan cuotas de sostenibilidad del comité. Las explicaciones fueron varias —desde que México no tiene un ministerio de justicia como otros países hasta la coyuntura política— pero la pregunta queda: ¿cómo es que siendo el país con más hispanohablantes no tenemos un rol más activo? Más aún en el contexto de la reforma judicial que (argumenta) busca acercar el empoderamiento jurídico y la justicia a las personas.