En apariencia, el mensaje es simple y contundente: América no debe volver a ser colonia. Las potencias europeas deben abstenerse de intervenir en los asuntos del “Nuevo Mundo”.
Tras el barniz de la defensa de la libertad, aparece la figura del “hermano mayor”: un actor que se reserva el derecho de intervenir cuando, según su propio juicio, el vecino se ha desviado del camino correcto.
2. La Doctrina Estrada: la dignidad del no juzgar
3. Un mundo distinto: soberanía y derechos humanos
4. Venezuela: cuando las doctrinas se vuelven espejos rotos
Venezuela es, hoy, el escenario donde estas preguntas dejan de ser abstractas. No se trata sólo de un conflicto ideológico, sino de una crisis múltiple: política, económica, social y humanitaria.
Aquí las doctrinas reaparecen en tensión:
La lógica monroísta, en su versión contemporánea, podría presentar la operación como un acto de limpieza necesaria en “nuestro hemisferio”.
La lógica estradista, en su forma más rígida, se indignaría ante la violación de la soberanía venezolana y guardaría silencio sobre lo ocurrido dentro del país antes de esa operación.
5. Hacia una lectura crítica: rescatar sin repetir
La salida no está en elegir una doctrina y condenar la otra, sino en leer ambas críticamente, con la mirada puesta en las personas concretas y no sólo en los Estados.
Llevado al caso venezolano, este enfoque implicaría:
Rechazar la normalización del cambio de gobierno por la fuerza desde fuera, sea quien sea el objetivo.
6. Un mundo asediado por la guerra: más principios, menos eslóganes
Quizá el camino pase por articular un conjunto mínimo de principios que atraviesen las viejas doctrinas sin suplantarlas:
Familiares de la estudiante de Nutrición en la UAEM reportaron su desaparición el 5 de marzo; autoridades de la Fiscalía confirmaron su localización con vida esta mañana
Más de 20 negocios en el corredor turístico resultaron afectados, mientras las autoridades continúan con la limpieza tras el siniestro que no dejó víctimas
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que los indicios periciales apuntan a que el rancho fue un centro de adiestramiento criminal principalmente, ya que solo se encontró el cuerpo de una persona
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Hay momentos en que la política internacional se parece a una biblioteca antigua: anaqueles llenos de doctrinas, principios, declaraciones solemnes que, con el tiempo, se convierten en palabras gastadas. Sin embargo, de vez en cuando una crisis obliga a desempolvar esos viejos textos y mirarlos de nuevo. Eso ocurre hoy con dos doctrinas nacidas en el continente americano, pero en orillas muy distintas: la Doctrina Monroe, proclamada en Estados Unidos en el siglo XIX, y la Doctrina Estrada, enunciada por México a comienzos del siglo XX.
Ambas hablan de soberanía, de independencia, de no intervención. Pero lo hacen desde posiciones casi opuestas: una desde la potencia que se asume guardián del hemisferio; otra desde un país marcado por invasiones, amputaciones territoriales y humillaciones diplomáticas. Pensarlas juntas, frente a un caso como el de Venezuela y ante un mundo atravesado por guerras abiertas y latentes, no es un ejercicio académico más: es una forma de preguntarnos qué tipo de orden internacional queremos y qué significa, en serio, proteger a los pueblos sin destruir su capacidad de decidir por sí mismos.
Cuando se formula la Doctrina Monroe, en 1823, el mapa político americano está en plena ebullición. Las antiguas colonias españolas luchan por consolidar su independencia y las monarquías europeas discuten la posibilidad de intervenir para restaurar el viejo orden. Es en ese contexto que Estados Unidos lanza una advertencia: el continente americano no está abierto a nuevas empresas coloniales europeas y cualquier intento de restauración será visto como una amenaza.
Durante mucho tiempo, esta formulación fue leída como un gesto de solidaridad con las jóvenes repúblicas latinoamericanas. Pero el sujeto real de la frase no es “América”, sino Estados Unidos. No se afirma que los pueblos latinoamericanos se reservan el derecho de decidir su destino, sino que Washington se arroga la función de vigilar que Europa no cruce ciertas líneas. El hemisferio aparece como una casa común… cuya puerta principal tiene un solo guardián.
Con el correr de las décadas, el sentido de la doctrina se va desplazando. A comienzos del siglo XX, se añade la idea de que Estados Unidos puede intervenir en los países del Caribe o Centroamérica para “ordenar sus finanzas” o evitar que su inestabilidad sirva de pretexto para nuevas intervenciones europeas. Es el paso decisivo: el escudo se transforma en garrote. Lo que empezó como rechazo a la injerencia de otros se vuelve justificación de la propia injerencia.
Más tarde, durante la Guerra Fría, el lenguaje cambia, pero la lógica permanece: ya no se trata sólo de alejar a Europa, sino de impedir la presencia de influencias “extracontinentales” indeseables, especialmente la Unión Soviética y sus aliados. Golpes de Estado, invasiones, operaciones encubiertas y presiones económicas encuentran cobijo bajo la vieja fórmula del “hemisferio occidental” que debe ser protegido de ideologías peligrosas. Así, la Doctrina Monroe termina expresando una ética ambigua:
Por un lado, contiene un impulso anticolonial: la idea de que los pueblos americanos no deben ser gobernados desde capitales europeas. Por otro lado, encierra una pretensión de tutela: en la práctica, legitima que un solo país decida qué es aceptable o no en toda la región.
La Doctrina Estrada nace de una experiencia opuesta. México carga, a lo largo del siglo XIX y principios del XX, con invasiones extranjeras, pérdida de territorio, ocupaciones, bloqueos y un ciclo casi interminable de gobiernos derrocados, presidentes fugaces y luchas internas. Cada cambio de régimen venía acompañado de una pregunta humillante: ¿nos reconocerán los grandes? ¿Quién será el primer país poderoso que nos otorgue su “certificado de legitimidad”?
Esa práctica convertía a las potencias en jueces de la historia mexicana. Un gobierno no era plenamente gobierno hasta que otros, más fuertes, lo bendecían. Detrás de la retórica del reconocimiento se escondía, con frecuencia, el chantaje: te reconozco si firmas este tratado, si concedes tal privilegio, si te alineas con tales intereses.
En 1930, el canciller Genaro Estrada decide romper ese juego. México anuncia que dejará de “reconocer” o “desconocer” gobiernos. No emitirá juicios sobre cómo llega al poder un régimen en otro país. Se limitará a mantener, ajustar o romper relaciones diplomáticas según sus necesidades, pero sin erigirse en tribunal moral de la política ajena.
La doctrina se sustenta en tres ideas sencillas y radicales: Cada pueblo tiene derecho a decidir su forma de gobierno sin tutelas. Ningún Estado debe concederse a sí mismo la función de juez de los demás. La igualdad jurídica de los Estados implica renunciar a la arrogancia del reconocimiento selectivo.
Mientras Monroe habla desde la seguridad de una potencia ascendente, Estrada habla desde la memoria del agravio. Su respuesta no es desafiar a los grandes con otra hegemonía, sino quitarles una herramienta simbólica: el poder de convertir el reconocimiento en premio o castigo.
En el plano ético, la Doctrina Estrada introduce algo raro en la política internacional: pudor. Un Estado decide no pronunciarse sobre la “legitimidad” de otros no por indiferencia, sino porque entiende que ese gesto suele ir acompañado de presiones, intervenciones y dobles raseros.
Con el tiempo, esa postura se vuelve parte central de la identidad diplomática mexicana y se enlaza con otros principios: no intervención, solución pacífica de controversias, rechazo al uso de la fuerza y defensa del derecho internacional. Pero la doctrina, como toda creación humana, tampoco es perfecta ni intocable.Su flanco débil está a la vista: si un país se compromete a no juzgar a otros gobiernos, ¿qué hace cuando esos gobiernos encarcelan a la oposición, manipulan elecciones, disuelven poderes, disparan contra su población? ¿Hasta qué punto el silencio diplomático, pensado como gesto de respeto soberano, no se convierte de hecho en un consentimiento?
Entre la formulación de Monroe y la de Estrada, el mundo atravesó guerras, genocidios y campos de exterminio que marcaron un antes y un después. Tras la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional adoptó la Carta de las Naciones Unidas y, poco después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces, el lenguaje de la soberanía convive con otro vocabulario: el de la dignidad de la persona, los derechos fundamentales, los crímenes contra la humanidad.
En ese nuevo marco, la soberanía no desaparece, pero deja de ser una coraza absoluta. Sigue siendo inaceptable que un Estado invada a otro a su antojo, pero también empieza a volverse inaceptable que un gobierno utilice el escudo de la soberanía para cometer atrocidades contra su población. El problema ya no es sólo la intervención externa, sino también el abuso interno.
De esa tensión surge, en las últimas décadas, el concepto de “responsabilidad de proteger”: la idea de que cada Estado tiene la obligación de resguardar a su población contra crímenes extremos y que, si no lo hace, la comunidad internacional tiene algún tipo de responsabilidad subsidiaria. No se trata, en principio, de justificar invasiones, sino de afirmar que hay límites éticos a lo que un gobierno puede hacer dentro de sus fronteras.
Monroe y Estrada nacen en un mundo donde este lenguaje aún no existe. Por eso, si se leen literalmente hoy, resultan incompletas. La primera pone casi todo el peso en quién interviene desde afuera; la segunda en quién decide adentro. Pero el siglo XXI nos obliga a preguntarnos por las dos cosas a la vez: ¿cómo evitar la hegemonía y, al mismo tiempo, cómo evitar la impunidad?
Durante años, el país ha ido perdiendo el contenido de sus formas democráticas. Elecciones puestas en duda poderes públicos sometidos, partidos inhabilitados, persecución de opositores, control férreo de los medios, criminalización de la protesta. A la vez, la economía se encogió, la inflación se disparó, la infraestructura colapsó, millones emigraron. Para muchos venezolanos, la vida cotidiana se volvió una lucha por el gas, el agua, la electricidad, las medicinas.
Mientras tanto, el tablero internacional se polarizó. Unos gobiernos siguieron reconociendo a Nicolás Maduro en nombre de la continuidad institucional y la soberanía. Otros reconocieron a un “presidente encargado” surgido desde la Asamblea Nacional, convencidos de que el gobierno en funciones había perdido cualquier legitimidad democrática. Unos y otros invocaban principios altos: defensa de la legalidad, defensa de la democracia, defensa de la no intervención. Pero en el fondo, la disputa también se cruzaba con intereses geopolíticos y alineamientos globales.
El tiempo pasó, la oposición se fragmentó, los diálogos fracasaron, las sanciones económicas se acumularon. El régimen, aunque debilitado, se sostuvo apoyado en las fuerzas armadas, la redistribución selectiva de recursos, las alianzas con otros Estados y redes de economía ilegal. La sociedad, agotada, fue quedando atrapada entre un gobierno que no cedía y una comunidad internacional que discutía principios mientras millones caían en la pobreza.
La operación militar de Estados Unidos que captura a Maduro y lo traslada a su territorio cierra un ciclo y abre otro. Para unos, se trata de una justicia tardía contra un gobernante acusado de destruir la democracia y lucrar con el sufrimiento. Para otros, es el retorno brutal del intervencionismo: la imagen de un presidente latinoamericano apresado por tropas extranjeras vuelve inevitable la memoria de otras épocas.
Pero ninguna de las dos, tomadas de manera dogmática, da una respuesta adecuada. Aceptar sin reservas la intervención militar como forma legítima de “corregir” regímenes abre una puerta peligrosa: ¿qué impide que mañana otra potencia actúe igual en otra región? Aferrarse a la no intervención como valor absoluto, en cambio, supone aceptar que la comunidad internacional debe limitarse a cruzarse de brazos, aunque una sociedad entera sea sometida a un proceso de destrucción lenta.
De la Doctrina Monroe vale conservar la idea de que ningún país debe ser tratado como objeto de colonización o botín de guerra, venga de donde venga la amenaza. Pero es necesario romper con la pretensión de que una sola potencia se adjudique el papel de policía en nombre de ese principio. Si el continente quiere apropiarse del núcleo anticolonial de la doctrina, debe hacerlo colectivamente, no como obediencia a una voz única.
De la Doctrina Estrada vale mantener la desconfianza hacia el uso del “reconocimiento” como arma política. La historia muestra que las grandes potencias cambian de criterio según su conveniencia. Renunciar a ese juego es un acto de dignidad. Sin embargo, hoy no basta con decir “no califico a los gobiernos”: es necesario añadir “pero sí me pronuncio sobre la suerte de las personas”. Es posible sostener la no intervención militar y, a la vez, defender de manera clara los derechos humanos en instancias multilaterales, apoyar misiones de observación electoral, respaldar a organizaciones que documentan abusos y dar refugio a quienes huyen de la persecución.
Exigir procesos políticos en los que la ciudadanía venezolana recupere la capacidad real de decidir su futuro mediante elecciones con garantías, y no a través de acuerdos entre élites armadas o de imposiciones externas. Acompañar la reconstrucción institucional con apoyo humanitario y técnico, sin convertir al país en un protectorado disfrazado.
Hacer del levantamiento de sanciones una herramienta para incentivar cambios concretos a favor de las libertades y no un castigo indefinido que recaiga sobre los más pobres. Esto no se logra a fuerza de proclamas, sino con paciencia, diplomacia creativa y voluntad de escuchar a los propios venezolanos, que son quienes pagan el precio de cada ensayo fallido.
Lo que ocurre en Venezuela no es un episodio aislado. El siglo XXI ha empezado con guerras que reconfiguran fronteras, ocupaciones prolongadas, invasiones justificadas con discursos de seguridad, intervenciones por encargo, conflictos internos interminables, millones de refugiados, nacionalismos renacidos y una carrera armamentista que parece contradecir todos los discursos de paz.
En este contexto, las doctrinas como Monroe y Estrada pueden convertirse en consignas cómodas: fórmulas breves que nos ahorran pensar. Pero el mundo actual requiere lo contrario: menos eslogan y más reflexión. No basta decir “no intervención” si eso significa tolerar lo intolerable. No basta decir “defensa de la democracia” si eso sirve para legitimar la fuerza sin reglas.
Ningún pueblo debe ser sometido a la voluntad de una potencia extranjera ni de una élite armada que lo toma como rehén. Ningún gobierno puede invocar la soberanía para justificar la represión sistemática, la tortura, la desaparición forzada o el hambre programada. Ningún actor, por poderoso que sea, tiene derecho a decidir unilateralmente que su indignación moral lo autoriza a usar la fuerza sin un marco colectivo y sin una responsabilidad clara ante el resto del mundo.
Esto no significa que la comunidad internacional tenga respuestas fáciles para cada conflicto. Significa, más bien, que no puede renunciar a preguntarse qué se puede hacer —diplomática, jurídica, humanitariamente— antes de aceptar la disyuntiva falsa entre la guerra salvadora y la indiferencia paralizante.
Miradas de cerca, la Doctrina Monroe y la Doctrina Estrada son dos formas de reaccionar al mismo miedo: el miedo a perder el control del propio destino. En un caso, el miedo de una potencia a que otras potencias conviertan su vecindad en un campo ajeno. En el otro, el miedo de un país herido a que el juicio extranjero vuelva a decidir quién es legítimo y quién no.
El tiempo ha mostrado que ambas reacciones, llevadas al extremo, generan sus propios monstruos. La tutela disfrazada de protección; el silencio disfrazado de respeto. Tal vez la tarea de nuestro siglo no sea proclamar una nueva doctrina, sino aprender a pensar entre doctrinas: usar la memoria de ambas para no repetir sus errores y para recuperar lo mejor de sus intuiciones.
Frente a Venezuela, y frente a cualquier escenario donde la guerra, la miseria y el autoritarismo amenacen con volverse paisaje, la pregunta decisiva no es qué diría Monroe ni qué haría Estrada. La pregunta es más simple y más exigente: ¿qué decisión concreta protege mejor la vida, la dignidad y la capacidad de decidir de la gente que vive ahí, sin abrir la puerta a nuevas formas de dominación?
Responderla exige abandonar la comodidad de los absolutos y aceptar el trabajo incómodo de la responsabilidad. Sólo entonces la historia dejará de ser un desfile de doctrinas para volver a ser, como debería, un intento siempre frágil de construir un mundo en el que la soberanía y la justicia no se excluyan, sino se sostengan mutuamente.
