Por Susana Camacho y Jorge Carbajal
* Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa. Jorge Carbajal es coordinador de alianzas en el mismo Programa.
Las recientes reformas sobre el Poder Judicial y la Ley de Amparo son muestra de un problema estructural de nuestra democracia. Una omisión que los gobiernos morenistas han acentuado: la toma de decisiones sin un proceso deliberativo auténtico. Es decir, donde se involucre a todos los actores y sectores interesados o afectados, y se analice y sopese toda la evidencia disponible sobre la cuestión a resolver.
Lo que se observó en estas reformas es que parten de diagnósticos parciales de los problemas de justicia que no están sustentados en información y análisis objetivos e integrales. Por el contrario, reflejan que más bien son un producto de intereses políticos y de decisiones basadas en sesgos ideológicos. De hecho, los procesos participativos que se activaron para estas reformas a través de consultas y foros, no lograron el objetivo de abrir la discusión de modo que las propuestas se pudieran modificar o robustecer.
Para definir cualquier política pública es necesario realizar un proceso complejo de toma de decisión. En él deben intervenir distintos actores con perspectivas, información e intereses diversos y contrapuestos, provenientes tanto del ámbito estatal como privado y social. Hablamos del enfoque de gobernanza como una alternativa que ofrecen las democracias para lograr las mejores decisiones posibles desde un punto de vista político, técnico y social.
Dentro de este conjunto de actores relevantes para implementar cualquier esquema de gobernanza democrática de los asuntos públicos, hay unos que merecen particular atención: los think tanks o centros de pensamiento. Para quien no está familiarizado con este término, son un grupo diverso de organizaciones que realizan investigaciones, generan conocimiento y utilizan argumentos basados en evidencia para informar y/o incidir en las políticas y sus resultados. Asimismo, estos actores pueden influir en la agenda pública, monitorear la
Las altas capacidades técnicas de estos centros de pensamiento les permiten generar evidencia sobre los problemas públicos y las alternativas que pueden implementar los gobiernos para atenderlos. Por ello, juegan un papel importante en la gobernanza de los asuntos públicos en un contexto democrático. No obstante, estas organizaciones también son susceptibles al ambiente político que se vive en cada país, por su carácter no lucrativo que las hace depender de financiamiento externo, y por su vocación de interés público que en muchos casos las coloca en posiciones contrarias a las prioridades del gobierno en turno.
Recientemente, la consultora global On Think Tanks (OTT) publicó el reporte “Trust in Evidence in Challenging Times” (“Confianza en la evidencia en tiempos difíciles”, 2025). En él se aborda el estado que guarda el sector de los think tanks en 102 países. A partir de una encuesta y una serie de entrevistas a estas organizaciones, se analizaron las condiciones y los retos que los centros de pensamiento enfrentan en las distintas regiones del mundo.
Hablando de la región de Latinoamérica y el Caribe, se encontró que más de la mitad de los think tanks no tiene una expectativa de crecimiento del sector en el próximo año. Una proporción similar considera que la polarización política que se vive en la región sí impacta significativamente su operación. Este clima político ha erosionado el alcance en su audiencia, la colaboración con expertos, las opciones de financiamiento y el acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, cerca del 90% menciona que su labor ha impactado en alguna política pública en los últimos cinco años.
De acuerdo con este reporte, un factor para minimizar los impactos negativos generados por la polarización política en el quehacer de los think tanks es qué tanto la sociedad y los gobiernos valoran la evidencia sustentada en investigaciones. Esto nos lleva a la reflexión para el caso de México. Aquí, particularmente en materia de justicia, mayormente se ha ignorado la evidencia que aportan los centros de pensamiento para el diseño de políticas que atiendan de manera efectiva los problemas públicos.
Si como sociedad no valoramos y demandamos de nuestros gobiernos políticas públicas racionales y científicas, difícilmente saldremos del círculo vicioso de las ocurrencias en cada sexenio.
