INE: hacer más con menos

El 2025 será un año complejo para la operación de diversas instituciones y para la ciudadanía. El gobierno y el legislativo, con el pretexto de austeridad, existencia de corrupción y de gastos superfluos, decidió afectar financieramente a diversas instituciones que son fundamentales para el país y su población.

En junio de este año se realizará la elección de juzgadores del Poder Judicial de la Federación (PJF). El INE está obligado a organizarla y a convocar a la ciudadanía para que ejerza de manera libre su voto para escoger, por primera vez en este país, a juzgadores. Entre ellos a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dado que se elegirán integrantes de un Poder de la República, la lógica impone que debe haber las mismas condiciones para ejercer el voto como si se tratara de una elección Presidencial o de integrantes del Congreso de la Unión. No hay razón que justifique la existencia de diferencias en la organización de las elecciones.

De ahí que el INE, como autoridad encargada de la organización de la elección, se haya tomado en serio su deber constitucional y presupuestó los gastos necesarios para hacer frente a esta nueva encomienda. También para garantizar que la ciudadanía tuviera las mismas condiciones para ejercer sus derechos, tal y como ocurre en cualquier proceso electoral.

El reto no es menor, pues este año se elegirán más de 880 cargos judiciales de entre más de 5 mil candidaturas. Ello implica la impresión de cerca de 600 millones de boletas electorales, esto es, 300 más que en la elección federal del año pasado.

Sin embargo, el Poder Legislativo decidió a finales del año pasado realizar un recorte presupuestal que objetivamente complica al INE su tarea para garantizar que la elección de jueces y magistrados del PJF sea exitosa y producto de un ejercicio democrático.

Si consideramos que la elección de juzgadores de este año es histórica por ser la primera vez que ocurre, llama la atención que el Legislativo (que sigue instrucciones del gobierno en turno) haya ejecutado el mayor recorte presupuestal al INE. Simplemente la reducción del 50% al presupuesto solicitado por la autoridad electoral le obliga a hacer ajustes a la estrategia que tenía pensada para la debida organización de la elección de jueces y magistrados del PJF. Seamos claros: con el recorte se comprobó que la intención del oficialismo es complicar la actividad del INE.

Para hacerle frente al recorte, hoy sabemos que el INE ha decidido, entre otras medidas, instalar centros de votación (73 mil), en lugar de las 170 mil casillas que se tenían pensadas instalar. En lugar de acudir a la casilla donde siempre ejercemos nuestro derecho a votar, las cuales están relativamente cerca de nuestro domicilio, ahora quienes deseen ejercer su voto en la elección judicial tendrán que acudir a centros en donde se agruparán mesas de votación. Obviamente ello se traducirá en que los electores deberán desplazarse más distancia para ejercer su derecho y habrá una mayor concentración de electores (en caso de que sea una votación copiosa). En síntesis, la ciudadanía dedicará más tiempo en ejercer su derecho al voto.

Por otra parte, también se ha tenido que reducir el costo para la capacitación de aquellas personas que se desempeñarán como funcionarios de las mesas de votación. Como sabemos, quienes cuentan los votos son ciudadanas y ciudadanos que son capacitados por el INE. Hoy la capacitación será fundamental para que la elección sea exitosa.

De entrada, habrá que explicar que para ejercer el voto, en las boletas estarán impresas las listas de candidaturas y el elector deberá indicar el número que les corresponde. Ello implicará que cada ciudadana o ciudadano se tarde más tiempo en ejercer su voto, pues ahora no habrá logos de partidos políticos, sino tendrán que leer con mucho cuidado el nombre de las candidaturas. El INE tendrá que reforzar su capacidad explicativa en muchos sentidos. Hacer más con menos.

La existencia de recursos es muy importante para el cumplimiento de atribuciones. Los actores políticos que pertenecen al oficialismo saben que organizar una elección, conforme a las reglas que rigen en nuestro sistema democrático, es costosa. También saben que recortar recursos complica la operación de la autoridad electoral.

No debe quedarnos duda que la reforma constitucional en la que se previó la elección de jueces era innecesaria. De hecho, sabemos que con ella se afecta a la impartición de justicia en nuestro país. Pese a ello, guste o no, la elección será una realidad, aun con insuficiencia presupuestal. Lo que habría preguntarnos es a quién le conviene que la elección no sea exitosa. La única certeza que tenemos, hasta ahorita, es a quien quieren culpar de ello.

Maestro en Democracia y Derechos Humanos.

@ebuendiaz

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