Los procesos electorales en curso se desarrollan en un entorno complejo caracterizado por el intervencionismo indebido de los grupos del crimen organizado que controlan diversas regiones del país y por el activismo del Presidente de la República quien, desde las “mañaneras”, continúa en una violación constante de las restricciones que le impone la constitución y de las medidas cautelares que emite el Instituto Nacional Electoral ordenándole que no intervenga en las elecciones debiendo apegarse a los principios de imparcialidad y neutralidad.

En más de 30 ocasiones, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha emitido acuerdos similares al del pasado 4 de marzo donde se indica: “Se ordena al Presidente de la República, se abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”.

Ello a propósito de que en la mañanera transmitida desde la Ciudad de Puebla, el 19 de febrero, usó frases alusivas al proceso electoral que denotan apoyo expreso a la candidata de la coalición gobernante al señalar que va a “entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo, una mujer que se llama ‘justicia’, o sea, que el futuro, el porvenir viene acompañado de la justicia. Y esto aplica en lo nacional y en Puebla”; no hace falta mencionar el nombre de la persona a quien le quiere entregar la presidencia de la república, está implícito en su mensaje, como clara está la intencionalidad político electoral que persigue.

La pregunta que Andrés Manuel López Obrador debe contestar es si sus múltiples expresiones de apoyo a Claudia Sheinbaum, son o no, similares y tienen el mismo propósito que aquellas declaraciones de Vicente Fox en favor de Felipe Calderón cuando, en pleno desahogo de las campañas de 2006, mencionó: "México no debe volver atrás; no se cambia de caballo a la mitad del río”, lo cual fue definitivo para que más tarde, en la reforma electoral de 2007, se establecieran las restricciones constitucionales que siguen vigentes y que obligan a todos los servidores públicos a actuar con imparcialidad, empezando por el propio presidente.

La Comisión de Quejas del INE hace lo que sus atribuciones le permiten, cumple con su obligación, no escatima en la emisión de las cautelares, pero es un hecho que son medidas insuficientes, sin eficacia para detener el activismo del presidente, quien constantemente se da tiempo para burlarse y construir parodias de esas decisiones. Ha llegado el momento de que las autoridades electorales analicen la posibilidad, expresada por diversos especialistas, de ordenar la suspensión de las mañaneras, en tanto concluyen las campañas electorales, a riesgo de que, de no hacerlo, se generen daños irreparables al principio de equidad en la contienda y se permita una elección de Estado.

El dilema también alcanza al Tribunal que proyecta llevar un registro de aquellos actos de servidores públicos que se consideren violatorios de las restricciones constitucionales y que afecten el desarrollo del proceso electoral. De concretarlo, veremos si no aparecen los subterfugios legales que permite la interpretación de los hechos para decir que no son determinantes en el resultado y, por ello, no violentaron los principios rectores de la función electoral.