Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó diez puntos que, a su juicio, sintetizan la iniciativa que enviará al congreso el lunes de la próxima semana, siendo enfática que lo hará con o sin el respaldo de sus partidos aliados que mantienen reservas por los posibles ajustes al financiamiento público ordinario y a los mecanismos para la integración de las cámaras legislativas federales, congresos de las entidades federativas y ayuntamientos.
Vayamos en aproximaciones sucesivas: falta conocer los detalles de cada punto y analizarlos con lupa, pero de una revisión inicial de las generalidades presentadas por el gobierno se advierte que el INE podría perder su estructura profesionalizada que hoy organiza las elecciones, no tendría sus juntas locales y distritales en forma permanente, como lo señaló Pablo Gómez, sino que serían reemplazadas por órganos transitorios que se integrarían solo para los procesos electorales y desaparecerían a su conclusión, lo cual, en mi opinión, reduciría la capacidad operativa y técnica de la institución en detrimento de la calidad de las elecciones.
La reducción del 25% al financiamiento público partidario afecta a todos los partidos con excepción de Morena que actualmente tiene alrededor de 2 mil 900 millones de pesos, mientras su aliado el PT recibirá 670 millones. Con este ajuste, partidos aliados y opositores ven en riesgo sus capacidades operativas y sus posibilidades para competir, aunado al hecho de que el planteamiento sobre la elección de las pluris quita a las dirigencias partidarias el control sobre qué personas ganarían curules y, bajo el legítimo argumento de darle mayor participación a la ciudadanía, se modifica el mecanismo de asignación: todos irían por el voto ciudadano, pero 97 se darían a las candidaturas que no ganaron pero que tengan la mejor votación, 95 de votación directa por circunscripción y por partido y 8 para representar a los migrantes, todo un galimatías que deberá aclararse en la iniciativa formal.
Se plantea fortalecer la fiscalización y prohibir las aportaciones en efectivo, aunque no se dice cómo se implementaría tal prohibición en una realidad de campañas dominadas por el flujo del dinero en efectivo; además, la propuesta es omisa en referir si a un partido que se le demuestren vínculos con el crimen organizado se le retira el registro. También se propone facultar a la autoridad para retirar campañas negativas en redes sociales manejadas por bots o producidas por inteligencia artificial, al tiempo que se busca reducir el uso de tiempo oficial del Estado para la difusión de mensajes de propaganda electoral. La propuesta incluye la regulación del voto electrónico para hacer más viables los ejercicios de consulta popular y revocación del mandato, pero no para las demás elecciones.
Se trata de un paquete de propuestas generales que todavía necesitan mayor desglose para su análisis y que seguirán generando diferencias con el PT y con el PVEM que, de aprobarla, estarán firmando su sentencia de muerte, pues el mecanismo sugerido para el reparto de las pluris, pareciendo más legítimo, da a Morena ventajas claras dado que tiene la mayor intención de voto y donde no ganen por mayoría podrán sacar segundos lugares, lo cual les asegura una parte adicional del pastel, además, en el reparto de las últimas 95 también tendrán acceso. Claro que hay reglas que perfilan la consolidación de un partido de Estado y la anulación del árbitro electoral que quedaría reducido a una mínima expresión, sin capacidad para oponer objeción alguna a los designios del poder.
