Maestro en políticas públicas y profesor universitario.
@ManuGuadarrama
Antes de que acabara el año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2025-2030 ¿Cuál es la ruta oficial para que más personas tengan acceso a productos financieros?
El diagnóstico realizado por el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, integrado por diversas instituciones del sector hacendario, indica que México continúa por debajo del promedio latinoamericano en acceso a cuentas bancarias, crédito formal y seguros. La brecha se marca aún más en mujeres y grupos vulnerables.
Una buena noticia es que la Política Nacional reconoce los desafíos y se propone atajarlos a través de acciones focalizadas en: 1) promover el ahorro formal, 2) facilitar el acceso a créditos — no solo de consumo, sino productivos —, 3) aumentar la adopción de pagos electrónicos y transferencias, y 4) ofrecer seguros y servicios especializados ante riesgos financieros y emergencias.
La PNIF establece metas específicas. Hacia 2030, se busca que la proporción de personas adultas con al menos un producto financiero aumente de 78.1% a 83%; que el acceso a productos o cuentas de ahorro suba de 65.5% a 74%; que el ahorro formal crezca de 28.5% a 33%; que la proporción de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) con crédito avance de 25.3% a 30%; que el uso de pagos digitales pase de 38.2% a 46%; que la proporción de mujeres que cuentan con al menos un producto financiero pase de 74.5% a 80%.
Las acciones del Gobierno Federal no parten de cero: retoman los avances en materia de inclusión financiera, como la ampliación de la red de corresponsales bancarios y el impulso a las cuentas de bajo monto (Cuentas Básicas). Los corresponsables bancarios no se limitan a bancos o cajeros, sino a establecimientos comerciales como tiendas o farmacias que ofrecen servicios financieros —depósitos, retiros y pagos. De esta forma, el dinero digital llega a zonas donde no hay sucursales, especialmente en municipios rurales o alejados. El Banco del Bienestar es el brazo ejecutor del Estado para llevar la infraestructura financiera mínima a las comunidades más pobres y remotas de México. Habrá que ver si su desempeño alcanzará la meta de cobertura territorial.
La PNIF tiene acciones concretas y buenas intenciones; sin embargo, coordinar el trabajo de más de 10 instituciones públicas (Secretarías de Hacienda, Economía, Bienestar, Educación, así como bancos de desarrollo, INEGI, CONDUSEF, etc.) requiere más que una política nacional. Se necesita un seguimiento que permita identificar la existencia de presupuesto para las actividades de inclusión financiera y que los mecanismos de coordinación interinstitucional no se conviertan en el talón de Aquiles. El acceso al dinero digital no solo consiste en aumentar el número de cuentas, sino en que las personas realmente usen los servicios financieros; de lo contrario, la inclusión será ficticia.
El aspecto decisivo para el éxito de la PNIF —y que no se aborda con certeza — es hacer frente al principal obstáculo para una inclusión real: la economía informal. En un país en donde 55% de la población económicamente activa labora en la informalidad, no basta con crear corresponsales bancarios o cuentas básicas, sino con puentes concretos que conviertan la actividad informal en un trayecto hacia la seguridad financiera y la formalidad: registros fiscales, historiales crediticios, seguros, entre otros aspectos. Ignorar esta realidad condenaría a incluir, en el mejor de los casos, solo a la mitad del país. Sin una estrategia que vincule la inclusión financiera con la formalidad económica, el riesgo es lograr una inclusión estadística, pero no transformadora.
