Los sicarios legislativos de Morena aprobaron una reforma al artículo 127 constitucional, a la que el oficialismo denominó “la reforma para limitar las pensiones doradas”.
Grosso modo, esta reforma consistió en adicionar un párrafo en el que se establece que las jubilaciones del personal de confianza de los organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, empresas públicas o fideicomisos públicos, no podrán ser mayores a la mitad de la remuneración de la Presidenta de la República. ¿De dónde salió y con qué criterios ese tope?, nadie jamás lo supo, todo indica que fue una redacción de propaganda política a la bañagatos.
En un país en el que la gran mayoría de las personas mayores no reciben una jubilación luego de toda una vida de trabajo, debido a que en México la mayor parte de la población económicamente activa se emplea en el sector informal, y por lo tanto no cuentan con prestaciones ni seguridad social; y de los pocos que sí reciben una jubilación, el promedio de ésta es de entre 6 mil y 7 mil pesos mensuales, resulta una grosería que haya ex funcionarios con pensiones de cientos de miles de pesos con tan sólo un sexenio de servicio en alguna dependencia. Ante esta injusticia, el PAN votó a favor de la reforma en lo general. Pero como decimos en México, el “diablo está en los detalles”, y los morenistas nunca dan “paso sin huarache”, así que hay que hacer varias precisiones.
Primero. El problema de la retroactividad. Cualquier abogado sabe que nuestra Constitución prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, de manera que ninguna modificación legal puede afectar los derechos de los que ya goza una persona. Pero esta reforma dice que, al momento de su entrada en vigor, ningún jubilado de estos entes públicos podrá tener una percepción mayor a la mitad del ingreso de Sheinbaum.
Podrá no gustarnos que, por ejemplo, un jubilado de Pemex o CFE tenga una percepción de 150 mil pesos, pero esa cantidad no es un capricho, es producto de la ley aplicable y de sus condiciones generales de trabajo vigentes cuando tramitó su jubilación. Son personas que trabajaron por muchos años sabedores de que, al cumplir la antigüedad laboral, tendrían una jubilación cuyo monto establecería la ley, bajo la premisa de que un salario acorde a su nivel de responsabilidad puede inhibir la tentación a la corrupción para obtener mayores ingresos por fuera a la Morena.
Segundo. Lo que gana Sheinbaum no puede ser el parámetro de todo. El morenismo está obsesionado con el presidencialismo del PRI del siglo XX, y quieren que todo gire en torno a la Presidenta, incluyendo los topes de las jubilaciones. Según ellos, Sheinbaum gana 134 mil pesos mensuales, por lo que ningún ex funcionario debería tener una jubilación mayor a los 67 mil pesos mensuales. Pero Sheinbaum gana mucho más que eso. De acuerdo con la Ley General de Remuneraciones (propuesta por AMLO), su Remuneración Anual Máxima –así establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026– es de 3.2 millones de pesos, lo que significa que, con la reforma, estas jubilaciones deberían tener un límite de 133 mil pesos mensuales, y no de 67 mil, como dice el oficialismo. Es ese dolo de mentir para desinformar propagandísticamente como todo inicio con supuestos montos de pensiones de más de 1 millón de pesos falsas que tuvieron admitir aportaron al debate de manera imprecisa Sheinbaum y Raquel Buenrostro.
Tercero. Morena satanizó una jubilación de 133 pesos en Pemex, CFE, Nafinsa, Banobras o Luz y Fuerza, pero es mucho menos de lo que reciben como pensión los ministros en retiro –entre ellos Arturo Zaldívar– y que rebasan el medio millón de pesos mensuales, jubilaciones que están excluidas de esta reforma a pesar de su traición a la justicia y tráfico de influencias en el piso 14 de la Judicatura.
Tampoco se tocan las jubilaciones de los miembros de las Fuerzas Armadas (la reforma fue muy puntual al respecto de esta exclusión). Ni la jubilación de Rafael Ojeda, ex secretario de Semar con AMLO, que toleró el huachicol fiscal a través de las aduanas que controlaban sus sobrinos y que le costó a la nación un desfalco por 600 mil millones de pesos; ni la jubilación de Salvador Cienfuegos, ex secretario de Sedena con Peña Nieto, vinculado al crimen organizado con el H-2 y Beltrán Leyva. Ninguna de esas jubilaciones está en riesgo. ¿De qué privilegios gozan los narcos de Morena que nos les aplican la retroactividad de sus jubilaciones?
Así que no confundamos el fondo del asunto. Por un lado, hay trabajadores de Pemex, de CFE, de Banobras, de Nacional Financiera, que estuvieron más de 30 años de sus vidas perforando ductos, electrificando comunidades rurales, gestionando recursos para municipios para la construcción de carreteras, hospitales, presas, sabedores de que, al final de su vida laboral, recibirían por ley una jubilación que ahora se les va a disminuir. Por otro lado en Morena, hay ex funcionarios como Arturo Zaldívar o Rafael Ojeda, que no le sirven al país, sino a Morena y al crimen organizado, y que pudieron cabildear para que esta reforma no toque sus jubilaciones.
En suma, esta reforma deja intactas las “pensiones doradas del bienestar” de los morenistas, y solo ha buscado afectar las pensiones de los ex trabajadores. Es por ello que, en la votación en lo particular de esta reforma, los diputados de Acción Nacional lo hicimos en contra.
