En días recientes entre asuntos de seguridad y finanzas públicas resurge la interrogante ¿qué modelo de organización territorial nos conviene para enfrentar los desafíos?
Maestro en políticas públicas y profesor universitario.
@ManuGuadarrama
Al menos en papel, México es un país integrado por 32 entidades federativas con sus municipios o alcaldías. En la práctica, el Gobierno Federal determina la pauta de las políticas públicas -desde la estrategia de seguridad hasta la asignación del gasto- y los estados se limitan a seguir la línea.
Paradójicamente, los gobiernos estatales reproducen el mismo esquema sobre los municipios: centralizan poder, recursos y decisiones. El problema está en que los municipios son el ámbito de gobierno más cercano a la ciudadanía. En ellos recae la obligación de prestar servicios como el agua potable, el alumbrado público, la recolección de basura, el mantenimiento de las calles, los mercados, los panteones e incluso la seguridad pública.
Los municipios son la primera línea del Estado mexicano. En pocas ocasiones el ciudadano promedio tiene contacto con la Federación y de forma esporádica lo tiene con el gobierno estatal, pero convive todos los días con lo que su ayuntamiento haga o deje de hacer. Sin embargo, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 asigna cerca de 2.8 billones de pesos al gasto federalizado, monto que aún no supera lo asignado en 2018 en términos reales. Es decir, más obligaciones con los mismos recursos.
La falta de recursos no es un tema nuevo, pero sí es cada vez más evidente. Que el presupuesto de un estado o municipio dependa entre 70% y 90% de los recursos transferidos por la Federación ocasiona que el supuesto federalismo mexicano opere más como un centralismo administrado. En la práctica, el federalismo mexicano opera más parecido a un estado centralista que a uno federalista. Por ejemplo, Chile es un Estado unitario donde las decisiones clave se concentran en el gobierno central. Sus regiones tienen autonomía limitada, poca capacidad legislativa y fuerte dependencia presupuestal del Gobierno central. Por el contrario, Brasil es una federación robusta, con estados que han desarrollado autonomía fiscal que les permite realizar políticas públicas diferenciadas según cada territorio.
Recientemente se presentó una iniciativa para que una parte de la recaudación del predial y de los derechos de agua se destinen directamente a las alcaldías que los generan. Más allá de la viabilidad técnica de la propuesta, cuestionar el diseño de coordinación con los Gobiernos locales siempre es pertinente. Las alcaldías y municipios pueden y requieren fortalecer sus capacidades recaudatorias para contar con mayores recursos. El modelo de desarrollo de China no alcanzó el éxito solo desde Beijing, sino desde el crecimiento y apoyo a sus localidades y ciudades.
Sea federalismo o centralismo, no basta con repartir responsabilidades: hay que impulsar las regiones, municipios y localidades. Fortalecer a los municipios no es solo control administrativo, sino una decisión estratégica para mejorar los servicios públicos y reducir desigualdades. Reconocer a los municipios como motores del desarrollo —y no como ventanillas subordinadas— es el primer paso para fortalecer al municipio mexicano.
