De igual forma, propuse la creación de un Registro Nacional de Intermediarios Agrícolas para regular quienes están autorizados para ser intermediarios y con ello transparentar operaciones, establecer reglas claras y garantizar mecanismos de supervisión en la comercialización.
El campo mexicano, más allá de producir alimentos, sostiene comunidades, perpetúa nuestra identidad y es el soporte alimentario de nuestro país.
Sin embargo, durante décadas ha sido víctima de una de las injusticias más normalizadas del modelo económico, el de producir riqueza sin recibir una retribución justa. En Zacatecas, donde la vida gira en torno a la tierra, esta realidad se siente con mayor crudeza: campesinas y campesinos trabajan todo el año, arriesgan su patrimonio y al final, intermediarios corruptos, conocidos como ‘coyotes’ deciden cuánto vale el esfuerzo y el trabajo de las y los zacatecanos.
Estos abusadores compran productos a precios muy por debajo de su valor real, manipulan básculas, engañan sobre condiciones de pago o incluso presionan e intimidan a los productores para obligarlos a vender su cosecha. En muchos casos, mientras el precio de garantía del frijol alcanza los 27 pesos por kilo, los campesinos se ven obligados a venderlo en apenas 5 o 7 pesos, evidenciando una disparidad profunda del mercado que concentra las ganancias en intermediarios y deja al sector agrícola en desventaja.
Tal situación no es aislada. Más del 70 por ciento de los pequeños productores dependen de intermediarios debido a la falta de acceso directo a mercados, centros de acopio suficientes, y condiciones de comercialización justas. En Zacatecas, además, se han documentado prácticas como la retención ilegal de cosechas, la imposición de condiciones de venta y hasta la clonación de costales en centros de acopio, afectando directamente el ingreso de quienes trabajan la tierra.
Frente a esta realidad, presenté una iniciativa para tipificar el coyotaje agrícola como delito en el Código Penal Federal. La propuesta establece sanciones de hasta ocho años de prisión y multa de 58 mil 655 pesos a 234 mil 620 pesos para quienes, mediante engaños, manipulación, coerción o abuso, obtengan beneficios indebidos en perjuicio de los productores. Además, contempla agravantes cuando participen grupos organizados, se afecte a comunidades en condiciones de marginación o intervengan servidores públicos.
En un país que vive de la agricultura y donde la seguridad alimentaria depende de quienes trabajan la tierra, hacer justicia no es opcional, es indispensable. Por Zacatecas y por todo el país debemos cuidar el campo y reconocer el valor de quienes lo sostienen. Es momento de combatir el coyotaje agrícola.
