Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
El reciente relevo en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abre la posibilidad de impulsar la recuperación de la integridad, el respeto y el decoro de la institución, además del rol que, como garante de la legalidad de los procesos electorales, perdió en los últimos años para convertirse en un aliado estratégico de la autollamada 4T, con una mayoría prefigurada e inamovible de tres magistraturas que siempre esquivaron los argumentos y la sensatez de las otras dos que se colocaron con dignidad y congruencia en la minoría.
Gilberto de Guzmán Bátiz, luego de ser el candidato más votado en las elecciones judiciales, para ese cargo, llega con graves carencias de legitimidad luego de haber aparecido en los acordeones y de obtener el triunfo, como ocurrió con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y muchas otras plazas de personas juzgadoras que igual fueron impuestas con una práctica fraudulenta, señalada por muchos como una acción concertada e ilegal. La paradoja es que el nuevo presidente del Tribunal, junto con la magistrada Claudia Valle, se sumaron a la integración del organismo jurisdiccional por efecto de los acordeones que se debieron detener, castigar y corregir.
Veremos si el Tribunal, acostumbrado a las divisiones internas, a la construcción de mayorías para remover a presidencias en turno, a perder el pudor para complacer al poder, logra salir de esa dinámica en beneficio de México; veremos si en su nueva etapa, con magistraturas electas por la vía de los acordeones y magistraturas premiadas para continuar en su encargo, es capaz de desmarcarse del oficialismo y retomar el arbitraje imparcial de las elecciones. Desde mi perspectiva, ese propósito se ve lejano y de implementación incierta.
Mención especial merece Janine Otálora, quien concluye una gestión de nueve años en la que vivió de todo, con amplio reconocimiento a su trayectoria impecable, a sus conocimientos puestos al servicio del país y a su congruencia manifiesta, incluso, en el hecho de no aceptar la ampliación para continuar por dos años más en el encargo. En contraste, el Tribunal cierra un periodo que se caracteriza por sentencias bochornosas tomadas por la mayoría de tres magistraturas que no solo solaparon los abusos y la intervención electoral indebida del poder, sino que atentan en contra de derechos fundamentales como la libertad de expresión, donde el caso que mejor ejemplifica es el conocido como “dato protegido”.
El periodo también se cierra con la legalización y el permiso dado por el tribunal para el uso de los acordeones, al revocar las multas impuestas por el INE a personas beneficiadas con el uso de los mismos. El hecho es peligroso al dejar impunes las acciones de quienes los idearon e implementaron y a quienes recibieron los beneficios concretos durante las elecciones y sus resultados, pero también, por el precedente que se sienta para elecciones futuras, como las de 2027 que involucrará la renovación de muchos cargos públicos.
Entonces, ¿qué hará la nueva presidencia del TEPJF para regresarle credibilidad a la institución? México, los actores políticos y la ciudadanía requiere recuperar un árbitro imparcial de las elecciones, con autoridad para resolver la conflictualidad electoral y decir, con autoridad moral, quién tiene la razón en los asuntos que sometan a su consideración. En breve sabremos cómo funcionará la nueva composición del Tribunal y el color de sus sentencias.
