Frente a este escenario, no importa que el INE fiscalice con rigor, incomode al poder político ya los actores políticos y económicos que participan e intervienen en la competencia, si la consecuencia no será proporcional a la falta.
Consultor en materia electoral
@ebuendiaz
Hoy que estamos frente a la posibilidad de una reforma electoral, la discusión en el espacio público se ha centrado sobre la calidad de nuestra autoridad electoral (si debe seguir siendo autónoma e independiente), sobre el sistema de elección de representantes (si se elimina o reduce la representación proporcional) y sobre el costo de nuestra democracia (si se reduce el financiamiento público para los partidos políticos).
Se tratan de temas muy importantes. Sin embargo, el debate ha dejado de lado, por conveniencia política, uno de los factores que más inciden en la competencia electoral: la regulación y/o control del dinero que realmente circula en las campañas y que determina la capacidad de competir, movilizar y ganar elecciones. En otras palabras, se ha dejado de lado la discusión sobre la equidad de la contienda.
El análisis del financiamiento electoral no es cómodo ni sencillo. No porque falten normas ni porque la autoridad electoral carezca de atribuciones. Por el contrario, el marco jurídico existente es amplio, detallado y, en muchos aspectos, cómodo. Existen topes de gasto, prohibiciones claras sobre el origen de los recursos, obligaciones de reporte y un sistema de fiscalización que, en el papel, es robusto. El INE cuenta con facultades de revisión en tiempo real, auditoría y sanción que no tienen equivalente en muchos otros sistemas democráticos.
Entonces, ¿dónde está el problema? Para nadie es desconocido que existe una brecha estructural entre el dinero que efectivamente se gasta en las campañas y el dinero que logra ser detectado, probado y sancionado por la autoridad electoral. Se trata de un espacio que no puede ser considerado marginal, pues en buena medida es ahí donde se define la competencia política.
La fiscalización del INE ha demostrado que el financiamiento ilegal en campañas no opera de manera simple. Al contrario. Suele adoptar esquemas complejos de simulación, triangulación de recursos, proveedores ficticios, aportaciones en efectivo y estructuras paralelas que no pasan por la contabilidad oficial. Su finalidad es evadir controles formales.
Hay que ser claros: el financiamiento irregular no compra anuncios o espectaculares. Compra estructura territorial, operación política y capacidad de movilización. En ese sentido, el dinero se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad electoral.
A ello se suma un problema temporal. Muchas de las irregularidades relevantes se conocen cuando la elección ya produjo efectos políticos y jurídicos difíciles de revertir. Lo cual hace evidente que la fiscalización rara vez cumple con la finalidad que persigue en un proceso electoral: garantizar la equidad de la contienda.
De hecho, a la conclusión de cada proceso electoral se ha vuelto habitual que el INE anuncie los montos de las sanciones que surgen de las auditorías y verificaciones realizadas a lo largo de las campañas. Las cifras nunca son menores. Sin embargo, esas cifras revelan que la fiscalización sanciona con relativa eficacia las irregularidades que dejan rastro documental, pero enfrenta dificultades mayúsculas para evidenciar esquemas complejos de financiamiento irregular. Aquellos que realmente pueden alterar el resultado de la elección.
La reforma electoral de 2014 nacionalizó la fiscalización y redujo de forma drástica los plazos de revisión de campañas, vinculando la fiscalización a la calificación de la elección. Esto implica que, en apenas 45 días, el INE debe investigar y revisar miles de informes de candidaturas. En 2024 se revisaron más de 30 mil informes de gastos y se resolvieron más de cien quejas.
La brevedad de los plazos convierte la fiscalización en una tarea titánica, cuyos resultados no siempre fortalecen la equidad de la contienda. Casos históricos como Amigos de Fox y Pemexgate , donde se evidencia la existencia de un esquema de triangulación de recursos, requirieron años de investigación. Pretender detectar y probar fenómenos similares en semanas es una expectativa poco realista.
Mientras no se analice el financiamiento irregular que decide las elecciones y su verdadera fiscalización, cualquier reforma electoral será incompleta. El problema de fondo es el sistema de incentivos: mientras gastar por fuera del radar siga siendo rentable y carezca de costos jurídicos o políticos reales, la equidad será una simulación. Y ese es el reto para una reforma que, si existe, parece más dispuesta a rediseñar el sistema y dejar de lado la mejora de las condiciones de la contienda electoral.
