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Hace una semana, en la conferencia matutina, la Presidente Sheinbaum respondió con un lacónico: “Sin comentarios”, cuando se le preguntó sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, la valerosa líder social de Venezuela. Difiero de la Presidente, pues hay muchos comentarios que no deben omitirse en un momento tan importante para las luchas por la libertad.
La concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 se erige no solo como un acto de profundo reconocimiento, sino como una declaración política de resonancia universal. Los méritos de la galardonada trascienden la simple oposición política; encarnan una praxis de resistencia cívica forjada en la adversidad. El Comité ha reconocido fundamentalmente, la estrategia de constancia que ha mantenido, articulando la vía electoral, la movilización no violenta en las calles y la presión diplomática como pilares esenciales.
En el plano personal y de liderazgo, proyecta una imagen de autoridad moral que le permite plantear la necesidad de una transición sin que el carácter pacífico de su estrategia se desdibuje. Su lucha ha estado marcada por la afirmación del Estado de Derecho y la construcción de mayorías bajo condiciones de represión, empoderando a la sociedad civil y a la diáspora como actores esenciales con una narrativa transversal que prioriza la libertad, la democracia y los derechos humanos.
El otorgamiento del Nobel a Machado no es un mero honor, es un misil que impacta en el corazón del autoritarismo. En el tablero geopolítico tiene al menos tres significados: 1) validación global de la causa democrática venezolana; 2) un símbolo de esperanza y empoderamiento interno para un pueblo que ha sufrido; y 3) presión diplomática amplificada.
Si bien Sheinbaum no tuvo comentarios, si lo hicieron los “escribidores” de la 4T, usando como guion el argumento de que no merecía el premio por su actitud “injerecista” por estar a favor de una intervención estadounidense para retirar del gobierno al ilegitimo narcopolitico Maduro.
La crítica de “injerencismo” esgrimida por los detractores ideológicos que priorizan una soberanía mal entendida por encima de los derechos humanos, comete un error de categoría. Tradicionalmente, la injerencia se refiere a la acción de un Estado que usa la fuerza o la coerción económica y política para determinar el curso de los asuntos internos de otro Estado. El derecho internacional protege la soberanía, pero esta protección no es, en la era contemporánea, un cheque en blanco para la represión interna.
Lo que Machado ha solicitado es la aplicación de mecanismos de presión diplomática, sanciones específicas y la activación de instrumentos de justicia internacional. Esto no es injerencia, sino la demanda de apoyo internacional para restaurar la democracia que ha sido desmantelada.
En un contexto donde la institucionalidad interna ha sido cooptada por el autoritarismo (poder electoral, judicial, militar), la sociedad venezolana no tiene vías domésticas efectivas para la defensa de sus derechos. Recurrir a la comunidad internacional no es un acto de traición, sino un acto de supervivencia política y una búsqueda legítima de aliados para restablecer la Constitución y la democracia. El autoritarismo destruye las vías internas y la única opción es buscar alianzas externas.
Corina ha sostenido una estrategia de resistencia cívica no violenta. Cuando ella o sus aliados solicitan la “intervención” de EUA, se refieren inequívocamente a: a) medidas económicas contra individuos del régimen y no contra la población, destinadas a cortar las fuentes de financiamiento del autoritarismo y b) acciones conjuntas con gobiernos democráticos para condenar las violaciones a los derechos humanos y desconocer los procesos electorales fraudulentos. Esto es presión política, no un llamado a la guerra.
El régimen venezolano ha establecido lazos con otras naciones autoritarias (Irán, Rusia, Cuba) para sostenerse. Exigir la cooperación de las democracias occidentales es simplemente un contrapeso estratégico en una lucha que ya no es puramente doméstica. Es un reconocimiento de que el autoritarismo en Venezuela tiene ramificaciones y apoyos globales.
La doctrina moderna de las relaciones internacionales sostiene que la soberanía de un Estado conlleva la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Cuando un Estado viola sistemáticamente los derechos humanos fundamentales, la comunidad internacional tiene el derecho y la obligación moral de intervenir a través de medios pacíficos. Criticar la solicitud de apoyo externo implica poner la defensa de la impunidad del régimen por encima de los derechos de millones de venezolanos.
En definitiva, la crítica de “injerencismo” es una cortina de humo ideológica. La demanda de apoyo internacional por parte de María Corina Machado, no es un acto de subordinación, sino una estrategia audaz y legítima que busca nivelar el campo de batalla frente a un régimen que ha desmantelado unilateralmente las reglas de la democracia. Es la voz desesperada de quién, agotando las vías internas pacíficas, invoca al principio de solidaridad entre las naciones libres para recuperar la soberanía popular. El Premio Nobel de la Paz, en este sentido, valida no solo su perseverancia personal, sino la legitimidad ética de recurrir a la conciencia y la acción internacional cuando la tiranía secuestra la nación.