Presidente de la Academia de Educación
El pasado 25 de octubre, la entrevista al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León concedida al diario español “El Mundo”, trasciende el ámbito de la opinión personal y se convierte en un severo diagnóstico sobre la salud institucional de México.
Desde la academia y con la autoridad que confieren los valores democráticos, republicanos, liberales y de defensa de los derechos humanos, sus declaraciones fungen como un llamado de emergencia ante lo que él percibe como una “destrucción de la democracia” en curso.
El núcleo de esta argumentación gira en torno a la erosión sistemática de los contrapesos y las instituciones autónomas, pilares esenciales de todo sistema republicano y liberal. Su frase de haber perdido el “privilegio de ser ciudadano de un país democrático”, no es un lamento nostálgico, sino una poderosa metáfora que cristaliza la ansiedad de amplios sectores de la sociedad mexicana ante la embestida contra el Estado de Derecho.
Desde una perspectiva de la ciencia política que honra la tradición republicana, el ataque más corrosivo del actual régimen, según Zedillo, se dirige contra la división de poderes. Un sistema republicano presupone una arquitectura de poder tripartita: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde cada rama actúa como un freno y contrapeso de las otras, lo que garantiza la limitación del poder.
La crítica se intensifica al analizar la propuesta de elección popular de jueces y ministros, que tacha de “barbaridad” y un “ataque frontal y decisivo” contra la independencia judicial. Desde la óptica democrática liberal, la justicia no puede ser una arena de la política partidista o del ánimo popular. La función judicial es eminentemente técnica, basada en la estricta aplicación de la Ley y la Constitución, y su legitimidad emana de su autonomía e imparcialidad, no de la popularidad electoral. Permitir que la integración del PJ dependa de mayorías coyunturales es desmantelar su capacidad de fungir como garante último de los derechos y como freno al Ejecutivo, esto a juicio del exmandatario y de numerosos juristas. Ello conduce, inevitablemente, a la politización de la justicia y, con ella, a la arbitrariedad.
También extiende su censura a la anulación o debilitamiento de los organismos constitucionales autónomos, creados precisamente para desmonopolizar el poder y asegurar que funciones vitales del Estado como la regulación económica, la transparencia o la fiscalización no queden sujetas al capricho del Ejecutivo. La destrucción de estos muros de contención se interpreta como un retorno a las peores prácticas del viejo PRI hegemónico, una mimetización de lo que él ayudó, al menos formalmente, a desmantelar.
Esta entrevista subraya una regresión de las libertades individuales. El liberalismo político se asienta en la desconfianza hacia el poder concentrado y en la defensa de las esferas de autonomía individual y cívica, al señalar que la deriva actual “no sólo cancelará oportunidades de desarrollo, sino la libertad y los derechos fundamentales de los mexicanos”, el expresidente toca una fibra sensible: la concentración de poder político y económico suele devenir en una tiranía de la mayoría que ahoga a las minorías y disidentes.
El espíritu del laissez faire institucional, aquel que promovió la apertura, el libre comercio (TLCAN) y la competencia, cede paso a un estatismo recentralizador con tintes de autoritarismo. La preocupación no es sólo económica, sino de derechos humanos. Un poder sin contrapesos es un poder que abusa. Históricamente, la vulneración de los derechos humanos ha tenido como caldo de cultivo la impunidad que genera la falta de rendición de cuentas, un cáncer que prospera en la ausencia de jueces independientes, medios de comunicación plurales y organismos fiscalizadores.
La tesis más perspicaz de Zedillo es la que estudia la sofisticación del populismo contemporáneo. A diferencia de las dictaduras militares del siglo xx, la amenaza actual se disfraza de democrática legítima. Se utiliza la Constitución y las reglas formales, pero con la clara intención de vaciar de contenido las instituciones. El populista, según esta visión, no derroca la democracia por la fuerza, sino que la erosiona lentamente, en un proceso que ha sido calificado por otros analistas como un “golpe de Estado silencioso”.
El peligro radica en la narrativa maniquea y polarizante que subyace a este proceso. Se apela a la “voluntad del pueblo” para justificar acciones inconstitucionales o antidemocráticas, denigrando a los críticos como “enemigos” o “conservadores”.
El análisis del expresidente no debe ser desestimado como una mera diatriba partidista. Más allá de su pasado, su discurso actual, articulado desde la perspectiva de la defensa de la República y la libertad, representa una interpelación de alta política. Es un llamado a la sociedad civil y a las élites políticas a reconocer que lo que está en juego no es una elección más, sino la supervivencia del régimen democrático liberal en México. Su diagnóstico es un eco de las alertas que resuenan en otros países latinoamericanos que, tras abrazar el populismo, han visto cómo la democracia se convierte en un simple caparazón formal, desprovisto de su esencia libertaria y republicana. La pérdida del “privilegio democrático” es, en esencia, la pérdida de la dignidad política del ciudadano.
