Comienza la batalla por la comida chatarra en las escuelas

Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz que, entre otras cosas, pretende prohibir la venta de alimentos ultraprocesados y de alto contenido calórico en las escuelas públicas y privadas, para reemplazarlos por alimentos saludables.

La iniciativa enfrenta desafíos de alto calibre: reducir la obesidad que afecta a 40 por ciento de las niñas, niños y adolescentes y aliviar las finanzas públicas del creciente gasto en enfermedades relacionadas con el sobrepeso.

Pero la industria alimentaria no se quedará de brazos cruzados. Con amparos legales ya en curso por parte de las empresas, el gobierno encarará un tenso tira y afloja entre la salud de las futuras generaciones y las ganancias de poderosos conglomerados.

“Todo proceso de modificación a leyes y reglamentos para instrumentar políticas públicas en salud y nutrición siempre despierta resistencias”, sostiene Liliana Bahena, coordinadora del programa “Mi escuela saludable” de la organización civil El Poder del Consumidor.

Se trata de juicios impulsados por los representantes legales de Coca-Cola y Starbucks así como por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en representación de sus cafeterías en campus de la Ciudad de México.

Sin embargo la SEP llevó el caso a un tribunal colegiado argumentando que al ITAM no se le causa perjuicio con la entrada en vigor del acto reclamado, ya que medularmente se encuentra habilitada para solamente prestar el servicio de educación. 

“Se le ha reconocido su habilitación para que compre, venda, importe, almacene, distribuya, comercialice y exporte, productos preenvasados, mismos que deben cumplimentar y observar las previsiones contenidas en la mencionada norma oficial mexicana”, señaló la SEP. 

Actualmente otro tribunal colegiado está en vías de resolver si fue legal o no que el juez concederá la suspensión al ITAM para permitir que sus cafeterías mantengan su operación como lo han venido haciendo y sin que se les apliquen los nuevos lineamientos a partir del mes entrante.

La Ley General de Educación establece multas de entre cien y mil veces la Unidad de Medida y Actualización, revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios e incluso la clausura del plantel que permita la venta de dulces, refrescos, pastelillos, pizzas o frituras.

Intentos infructuosos

Sin embargo, estas iniciativas han tenido diferentes grados de éxito y resistencia, tanto de las autoridades locales como de las empresas productoras de alimentos ultraprocesados.

En 2004, durante el gobierno del presidente Vicente Fox, se introdujeron modificaciones en la Ley General de Salud, que incluían la regulación de la venta de alimentos dentro de las escuelas.

Aunque el objetivo era mejorar la nutrición de los estudiantes, no se estableció una prohibición directa de los alimentos ultraprocesados, sino que se alentó el consumo de productos más saludables.

Este esfuerzo no tuvo el impacto esperado, ya que no se implementaron mecanismos estrictos para supervisar y hacer cumplir las normativas.

En 2010, ante el crecimiento alarmante de la obesidad infantil en México, algunos estados del país comenzaron a tomar medidas más estrictas de manera independiente.

Gobiernos estatales prohibieron la venta de alimentos chatarra en las escuelas, pero sin lograr un alcance federal. Esta acción surgió como respuesta a la creciente preocupación de padres de familia y organizaciones civiles por los efectos de la mala alimentación.

En 2014, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se estableció el Sistema de Etiquetado Frontal Nutricional como parte de las reformas en materia de salud pública.

Esta medida no estaba directamente orientada a la prohibición de la comida chatarra en las escuelas, pero sí a mejorar la información nutricional de los productos alimenticios, lo que a su vez influiría en las decisiones de compra dentro y fuera de las escuelas.

Fue hasta 2016, cuando se implementaron regulaciones más estrictas sobre la venta de alimentos chatarra en los entornos escolares. A través de la Comisión Nacional contra la Obesidad, se promovieron lineamientos para reducir el consumo de productos con alto contenido calórico y ultraprocesados.

No obstante, estas medidas fueron dirigidas a las escuelas públicas y no eliminaron completamente la venta de comida chatarra. Además, en muchas escuelas se seguían vendiendo estos productos debido a la falta de supervisión efectiva.

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En 2018, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se lanzó una política más agresiva a través de la Estrategia Nacional por una Vida Saludable en las Escuelas, que incluyó la prohibición explícita de la venta de productos ultraprocesados en todas las escuelas públicas y privadas del país.

En 2020 se dio un nuevo impulso a la estrategia, esta vez apoyada por las políticas de etiquetado frontal, restricciones en la publicidad de productos no saludables dirigidos a los niños, y la promoción de alimentación saludable en las escuelas.

Las cooperativas, jugador clave

Para las organizaciones civiles que han dado seguimiento al tema de la alimentación en las escuelas, la supervisión de los lineamientos va a ser un factor clave para que la nueva estrategia contra la comida chatarra rinda frutos.

La directora ejecutiva de Redim admitió que el éxito de la estrategia dependerá de que, además de prohibir los productos nocivos, también se den alternativas. Una de ellas, sugiere, es animar a la industria alimentaria a caminar hacia la innovación.

“Se debe animar a la iniciativa privada a dar pasos hacia la innovación. Decirles: ‘anímense a hacer productos que sean menos dañinos para niñas y niños’. Y ahí puede haber una condición de ganar-ganar”, expone.

Al respecto, Liliana Bahena, del Poder del Consumidor, hizo un llamado al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a comprometerse con la aplicación, supervisión y seguimiento a la estrategia, ya que la determinación del titular del sector es vital para el éxito de estas iniciativas.

—¿Y por qué teme que Mario Delgado no haga el esfuerzo que se necesita?

Cuenta regresiva

El pasado 29 de enero se agotaron 120 de los 180 días que marca el acuerdo para que autoridades educativas, de salud y escolares realicen las adecuaciones necesarias y, a partir del 29 de marzo próximo, se prohíba la comida chatarra en las escuelas y se comiencen a ofrecer opciones más saludables de alimentación.

La misión es titánica, ya que implica la participación de 258 mil escuelas públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior del Sistema Educativo Nacional.

De acuerdo con información del secretario de Educación, Mario Delgado, 98 por ciento de las escuelas mantiene la venta de comida chatarra, 95 por ciento ofrece bebidas azucaradas, 79 por ciento expende refrescos y 25 por ciento tiene publicidad de productos ultraprocesados y con elevado contenido calórico.

Esto confirma el diagnóstico ofrecido por Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), organización que desde hace una década tiene una campaña por alimentos saludables en las escuelas.

“Uno de los ambientes en donde los niños tienen mayor acceso a comida chatarra es precisamente los planteles escolares. Los niños se encuentran cautivos en estos espacios que son utilizados por las empresas procesadoras de alimentos para generar hábitos de por vida”, acusa la organización.

“Los alimentos y las bebidas que predominan en las escuelas no son recomendables y contradicen la información que existe en los libros de texto en los que se promueven el consumo de frutas, verduras, granos integrales y la hidratación con agua”, agrega.

ASA ha señalado públicamente que desde hace dos años se lanzaron lineamientos en México para regular el tipo de alimentos y bebidas que pueden ofrecerse al interior de los planteles escolares.

Sin embargo, “la versión original de estos lineamientos fue modificada por la presión de las empresas permitiendo que se sigan ofreciendo productos altamente procesados y bebidas azucaradas”, destaca.

En México, el número de personas que viven con diabetes ha aumentado de manera exponencial en los últimos años, un fenómeno atribuido en buena medida al consumo de alimentos poco saludables.

El costo del tratamiento de la diabetes es una carga económica insostenible para el sistema de salud mexicano.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los gastos anuales en tratamiento y complicaciones derivadas de la diabetes superan los 50 mil millones de pesos.

Salud pública vs iniciativa privada

El portal miescuelasaludable.org cuenta con una herramienta que permite a los usuarios denunciar públicamente a las escuelas que permiten la venta de alimentos chatarra en los planteles escolares.

Otro factor decisivo en el éxito o fracaso de la estrategia de la presidenta Sheinbaum será la capacidad del gobierno para dotar de agua potable a los planteles, una carencia que se agravó después de la pandemia de Covid-19.

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“No hay acceso al agua potable, tampoco hay acceso a frutas y verduras; después de la pandemia sí se puede hablar de una transición a los productos ultraprocesados, si bien siempre lo ha habido, ahora lo vemos un poco más fuerte”, añade.

Para superar el problema de que sólo dos de cada 10 escuelas a nivel nacional tienen acceso a agua potable, la organización propone que se etiqueten los recursos obtenidos por concepto de impuesto a bebidas azucaradas para canalizarlos a la instalación de bebederos en las escuelas.