@IsaacPalestinaD
La protección de los derechos humanos en México ha implicado enfrentar el formalismo jurídico, anteponiendo de manera objetiva, lineamientos y criterios para evitar indolencia institucional, sin embargo, a pesar de esta amplitud de criterios continua ausente la perspectiva de género en diferentes ámbitos institucionales.
La perspectiva de género se ha insertado como una obligación en las diferentes funciones del poder público de la república. De ahí, que además del estricto derecho, las y los juzgadores, así como los diferentes servidores públicos tengan que evaluar diferentes interseccionalidades que generan desigualdades entre la sociedad, como género, identidad sexual, autoadscripción lingüística, etcétera.
En cuanto a la perspectiva de género es importante difundir pedagógicamente qué implicaciones supone este concepto a la luz de un amplio desconocimiento que prevalece en diferentes instancias, incluso las jurisdiccionales, y que perpetúan desigualdades que precisamente se buscan erradicar con fechas emblemáticas como el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha en que las mujeres toman la calle en medio de un gran desconocimiento de sus causas, para visibilizar las diferentes violencias que les atraviesan en los diferentes ámbitos de su vida.
Diversas reformas constitucionales a los artículos 1°, 4°, 21, 41, 73, etcétera han vinculado a fomentar la igualdad sustantiva de género. Esta obligatoriedad es relevante destacar a la luz de las cifras alarmantes, tan solo en 2023 se registraron 2 mil 580 homicidios de mujeres, pero solo 830 reconocidos como feminicidios—menos del 33 %, lo que evidencia un subregistro sistemático—. Además, un 93 % de las agresiones sexuales no llegan a denuncia o investigación formal. Por otro lado, el INEGI 2023 señala que el 37.3 % de personas LGBTIQ+ sufrió discriminación; más del 70% de mujeres mayores de 15 años reportaron violencia, y una de cada dos ha sufrido violencia sexual alguna vez en su día.
En ese sentido, la adopción de normas y protocolos es necesaria, pero insuficiente si no se concreta en cultura institucional, supervisión independiente e inversión sostenida que se vea reflejada en capacitación obligatoria y continua, de la aplicación de dichos lineamientos, pues tener el mejor protocolo no implica que se pueda acceder a la mejor aplicación y eso también genera más violencia, pero de carácter estructural, simbólico e institucional.
Un caso que además de servir de clarificador es menester tener en el radar por el interés que ha generado en los diferentes medios de comunicación es el de Cecilia Monzón; dónde las decisiones de los juzgadores han generado revictimización derivada de procesos penales y una cobertura informativa que ha perpetuado dinámicas de impunidad y desprotección hacia las víctimas. Todo esto, a pesar de protocolos vigentes desde 2017-2023, así como bastedad de información documental, teórica y jurisprudencial para prevenir estereotipos, dilaciones injustificadas o cuestionamientos a la voz de la víctima.
Por ello, la perspectiva de género no puede reducirse a lineamientos, protocolos y conmemoraciones, que a pesar de realizarse con las mejores intenciones, no vengan acompañadas de inversión pública, capacitación constante y vigilancia de su aplicación con casos concretos que puedan contabilizar en avance material el trabajo de nuestras instituciones.
