Luego del 1° de junio de 2025 la atención se ha concentrado como nunca antes en el Poder Judicial de la Federación, principalmente en su rostro más visible, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El principal cuestionamiento sigue siendo los privilegios que existieron en la anterior integración y que se han buscado acotar con diferentes medidas presupuestales que no afecten la función de los órganos jurisdiccionales, sino al contrario que la hagan más efectiva.

En ese sentido, uno de los cambios más relevantes fue consolidar a la SCJN como un auténtico tribunal constitucional de alzada, separando sus funciones administrativas y disciplinarias en el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y en el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), respectivamente.

Por ello, y de cara a la opinión pública, lo que ha generado mayor escándalo es la persistencia de canonjías, especialmente cuando uno de los ejes centrales de la reforma al Poder Judicial fue precisamente erradicarlas mediante una nueva integración más humana, cercana, pluricultural e independiente del poder, aunque no desvinculada del pueblo.

La reciente polémica por la renovación de vehículos oficiales proliferó como una crítica que omitió los riesgos inherentes al ejercicio de la función jurisdiccional en la SCJN, toda vez que dicha función reviste una relevancia estratégica y, por ende, tiene implicaciones de seguridad nacional, por lo que no resulta desproporcionado dotar de recursos materiales adecuados para salvaguardar la integridad de las ministras y los ministros, así como de otras autoridades jurisdiccionales como magistrados y jueces.

Sin embargo, en un acto de transparencia y rendición de cuentas, las y los ministros anunciaron en una rueda de prensa que las camionetas blindadas costaron 2.4 millones de pesos y que serían ocupadas para dotar de seguridad a otras personas juzgadoras, además explicaron que estos vehículos se compraron con rigor técnico y un análisis presupuestal que permitió un ahorro de mil millones de pesos.

De entre los planteamientos que hicieron destacó el del ministro Aristides Rodrigo Guerrero García que señaló que los ministros de la anterior integración se llevaron 4 camionetas, lo que constituye otra razón por la cual se tuvo que hacer esta compra. A pregunta de los medios se profundizó en esta aseveración que evidenció un acto más de corrupción, justificado de manera leguleya con un acuerdo plenario previo dentro del haber de retiro, que permitió adquirir a un precio más bajo del mercado las mejores camionetas de la flotilla previa.

El escándalo nuevamente recae en el descuido de la anterior integración de la corte por obtener o inventarse derechos adicionales que constituyen privilegios obscenos para el resto de los trabajadores del propio Poder Judicial de la Federación, así como de las y los servidores públicos del estado, e incluso de trabajadores del ámbito privado, pues la pregunta que subsiste es ¿en qué trabajo te venden bienes muebles o inmuebles por debajo del precio mercado como una suerte de prestación adicional por la conclusión de un empleo?

El debate que subsiste es el de la austeridad sin privilegios y el uso estratégico de recursos para garantizar el correcto ejercicio de la función jurisdiccional. No es desproporcionado contar con medidas de protección para personas juzgadoras, lo desproporcionado e inmoral es hacer uso del poder público para beneficiarse en el ámbito privado.