Incentivos detrás de la Reforma Electoral
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@IsaacPalestinaD
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Puebla, 14 de abril de 2026
@IsaacPalestinaD
El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador quedó limitado en la segunda mitad de su administración por la pérdida de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados. En un contexto bastante complejo derivado de la recuperación por la pandemia por el Covid-19, se frenó la posibilidad de impulsar reformas constitucionales, por lo que el presidente anunció que se presentarían reformas legales, como lo fue el caso de la Reforma Electoral o de la Reforma Eléctrica (mismas que frenó la integración de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN).
Dicha estrategia fue evolucionando en la opinión pública. Del Plan A, conjunto de reformas constitucionales, paso al Plan B, conjunto de reformas legales que fueron frenadas en la antigua SCJN, y que devino, como es sabido, en el Plan C, para reformar al Poder Judicial y dar certeza a la ciudadanía en uno de los poderes que históricamente permaneció enclaustrado en una élite ajena a las realidades sociales.
Este contexto es importante a la luz de la discusión de una nueva propuesta de Reforma Electoral construida a través de una Comisión Presidencial, trabajo institucional del Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos bajo dos premisas fundamentales: 1) lo oneroso del sistema electoral mexicano y 2) lo cuestionable que pueden ser sus resultados en materia de representatividad y credibilidad en el sistema político.
Sin embargo, además de estas premisas ampliamente reconocidas, existen otros incentivos políticos que influyen en el debate y que responden a intereses partidistas relacionados con su permanencia electoral. Entre ellos destacan: 1) cómo mantener el nivel de ingresos por concepto de presupuesto público, 2) cómo seguir con las mismas posiciones de representación proporcional o primera minoría sin competir seriamente en los procesos electorales, y 3) cómo evadir los principios de equidad de género y de prohibición de la reelección en la elección inmediata de 2027.
Dicho lo anterior podemos vislumbrar 2 grandes bloques en torno a la reforma electoral. 1) Orientada a conseguir una reforma que reduzca los costos operativos de nuestro sistema electoral, sin que ello implique una reducción en su calidad representativa; y 2), Una visión utilitarista de las prerrogativas de los partidos políticos como mecanismo de supervivencia desprovista de interés democrático para partidos satélites y organizaciones convenencieras.
¿Qué hacer entonces? Para empezar, distinguir los objetivos loables de una reforma electoral. Así como los intereses que hay detrás de los actores políticos que van a deliberar esta reforma, que más allá del escándalo y de la ruptura de vestimentas, es un debate necesario para saber quiénes son y qué motiva a los dirigentes partidistas en torno a una verdadera democracia representativa y eficiente.
