El patrón es claro: la violencia es múltiple, simultánea y desbordada. No es un solo evento espectacular; es una cadena de hechos que exhibe una fractura profunda en el tejido social y en la estrategia de seguridad.
Lo ocurrido en El Limoncito, en la sindicatura de Jesús María, no es un hecho aislado. Es otro capítulo —uno más— de una guerra que en Sinaloa parece no tener principio claro ni final cercano. Nueve detenidos, un presunto sicario abatido, aeronaves de la Armada disparando desde el aire, 89 artefactos explosivos asegurados, lanzagranadas, armas de alto calibre. El parte oficial habla de resultados. La realidad habla de fuego cruzado en medio de comunidades rurales.
El discurso institucional es conocido: “Personal naval fue agredido”, “Se repelió el ataque”, “Los operativos continuarán”. Pero detrás de cada comunicado hay familias tiradas al suelo dentro de sus casas, niños escuchando ráfagas como si fueran tormentas, ciudadanos que vuelven a confirmar que viven en un territorio donde el Estado entra… pero no necesariamente gobierna.
Jesús María no es cualquier punto en el mapa. Es una zona simbólica. Ahí fue capturado Ovidio Guzmán en enero de 2023, en un operativo que también dejó escenas de guerra. Que tres años después se registren enfrentamientos de alto calibre en la misma región revela una verdad incómoda: la estructura criminal no fue desmantelada; apenas fue golpeada. Y los golpes, en Sinaloa, suelen tener respuesta.
El aseguramiento de 89 artefactos explosivos es particularmente alarmante. No se trata solo de rifles o camionetas blindadas. Estamos hablando de capacidad ofensiva suficiente para sembrar terror a gran escala. ¿Cómo se llegó a este nivel de sofisticación armamentista sin que hubiera una intervención sostenida y eficaz? ¿Cuánto tiempo más vamos a normalizar que en comunidades rurales existan arsenales que superan en poder de fuego a muchas policías municipales?
Mientras tanto, la violencia no se limita a los enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos armados. Ese mismo miércoles aparecieron cinco cuerpos en una camioneta sobre la autopista Benito Juárez. Ese mismo día fue asesinado un menor de 16 años, deportista destacado, ajeno —según los reportes— a cualquier actividad ilícita. Y días antes, diez mineros fueron secuestrados y asesinados en Concordia.
El gobierno federal insiste en que los operativos continuarán. Pero la pregunta de fondo no es si habrá más patrullajes o más sobrevuelos. La pregunta es si existe una estrategia integral que vaya más allá de la reacción armada. Porque cada operativo exitoso en términos tácticos parece no alterar el panorama estratégico: el crimen se reagrupa, se rearma y responde.
Sinaloa vive en una paradoja permanente. Es un estado con presencia constante de fuerzas federales y, al mismo tiempo, con regiones donde el control territorial del crimen organizado es un secreto a voces. Es un estado donde se anuncian detenciones relevantes, pero la violencia cotidiana no cede.
