La experiencia internacional ha demostrado suficientemente, que la sustentabilidad y calidad de la democracia depende, en mucho, del diseño y funcionamiento de las instituciones públicas, en primer lugar de aquellas que garantizan elecciones libres.

Lo anterior, se logró a través de sucesivas reformas a la constitución y a las leyes electorales, que fueron el producto, en mayor o menor grado, del consenso alcanzado entre los partidos políticos, para perfeccionar el marco institucional de la competencia electoral.

Nuestra larga transición a la democracia, culminó en el momento en que los actores políticos, el gobierno y los partidos, lograron un acuerdo sobre las reglas del juego y éstas se pusieron en funcionamiento, ganando credibilidad y confianza y demostrando eficacia.

Un momento clave en este proceso lo representó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), que se convertirá en Instituto Nacional Electoral (INE), el cual se define como un órgano constitucional autónomo y ciudadanizado, responsable de organizar las elecciones.

Por ello, resulta totalmente inadmisible la furiosa campaña de ataques y denostación que se ha emprendido en contra del INE desde la presidencia de la república.

Para el presidente de la república, el INE representa un “supremo poder conservador”, ante lo cual él se asume como el “guardián de las elecciones”, una atribución que no le corresponde.

Es lamentable y muy peligroso, que desde el poder presidencial se ponga en duda al árbitro de la contienda electoral, porque con ello se erosiona la confianza en una pieza clave del andamiaje institucional en que descansa nuestra democracia.

Y más grave aún, que como ventrílocuo el dirigente nacional de MORENA convoque a exterminar al INE, secundado por la secretaria de gobernación y por un antiguo miembro de la “mafia del poder” y hoy magnate purificado como aliado de la Cuarta Transformación.