Mientras tanto, la oposición se encuentra debilitada y atomizada en diversos frentes. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y nuevas plataformas como Somos México carecen de cohesión programática y de una narrativa alternativa articulada, lo que facilita la expansión de un proyecto hegemónico.
Desde 2018, el obradorismo se presentó como una alternativa para reconfigurar el sistema político: erradicar la corrupción, reducir desigualdades históricas y devolver al Estado un papel central como agente de bienestar. Su poderosa narrativa se construyó sobre “primero los pobres” y “el poder al servicio del pueblo”. Sheinbaum ha continuado la construcción del proyecto bajo el nombre del segundo piso de la 4T, alcanzando máximos históricos de popularidad. Luego de su primer año de gobierno, de cara a 2026, vale la pena analizar dicha transformación, que ha propiciado críticas por una concentración del poder sin contrapesos institucionales.
Es innegable que el gobierno federal ha logrado avances visibles en políticas redistributivas. El incremento real del salario mínimo, siendo uno de los más altos en décadas, y la expansión de programas sociales han tenido impacto en millones de hogares. Estas medidas han modificado el panorama social y han generado una percepción de mayor presencia estatal en la vida cotidiana, sobre todo entre sectores históricamente marginados.
Sin embargo, al revisar más detalles, el panorama se torna más complejo. El compromiso inicial de alcanzar crecimientos anuales del 4 al 6 % no se cumplió; desde 2018, el crecimiento promedio del PIB por año ha sido menor al 1 %. Incluso antes de la pandemia, México mostraba señales claras de estancamiento estructural. Tras la crisis sanitaria, el rebote económico fue insuficiente para consolidar un ciclo expansivo. La inflación persistente, combinada con altos niveles de informalidad laboral, limita la capacidad real de las familias para mejorar su bienestar. En otras palabras, la redistribución ha avanzado, pero el crecimiento económico no la acompaña con la fuerza necesaria para hacerlo sostenible.
El combate a la corrupción, que es el eje discursivo de la 4T, también presenta tensiones entre narrativa y evidencia. De acuerdo con Transparencia Internacional, México no ha mejorado su posición global en percepción de corrupción; se mantiene rezagado respecto a países de la región. A ello se suman controversias que involucran a figuras relevantes del oficialismo: escándalos mediáticos de corrupción de la clase política morenista, contratos opacos, conflictos de interés y presuntos enriquecimientos irregulares. La ausencia de consecuencias jurídicas envía un mensaje preocupante sobre la continuidad de prácticas impunes bajo nuevas siglas partidistas.
En el ámbito institucional, la propuesta de reforma electoral que se presentará en enero merece un análisis profundo. El planteamiento de eliminar los organismos públicos locales electorales y los tribunales estatales implicaría una recentralización que modifica el equilibrio federal del sistema electoral. Aunque la narrativa oficial enfatiza eficiencia y austeridad, el riesgo evidente es la reducción de autonomía local y la concentración de facultades críticas en un solo aparato nacional. En un país tan heterogéneo como México, la diversidad territorial requiere institucionalidad robusta, no simplificación administrativa.
La llamada “ley anti-esposas” agrega otra capa de complejidad y de contradicciones internas del grupo gobernante: si bien tiene mensajes directos a los gobernadores de San Luis Potosí y Nuevo León, buscando evitar el nepotismo, también podría restringir derechos políticos, especialmente de mujeres, en un momento en que la paridad es una conquista fundamental.
La Cuarta Transformación ha modificado prioridades y narrativas; ha tenido efectos sociales relevantes, pero también ha generado dudas legítimas sobre la gestión gubernamental, la concentración del poder sin contrapesos y la sostenibilidad económica del país. El desafío para México rumbo a 2026 es claro: transformar con transparencia, redistribuir acompañado de crecimiento y desarrollo, y gobernar con contrapesos institucionales que permitan el diálogo.
