Frente a esta realidad, fue necesario reformar el artículo 73 de la Constitución con la finalidad de expedir una ley general sobre los tipos penales y las sanciones para combatir este delito de alto impacto.
Cada hora, una o dos personas son víctimas de extorsión. Este delito, cuesta diariamente a las y los mexicanos 71 millones de pesos, el equivalente a tres millones cada hora. 1.3 millones de empresas y negocios fueron víctimas de algún delito, lo que equivale al 27.2% de las unidades económicas del país. Siendo la extorsión el delito más frecuente. En los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León se concentran el 61.8% de las víctimas.
La legislación vigente data de 1984, por ende, no ofrece las herramientas jurídicas para enfrentar eficazmente las nuevas modalidades de extorsión asociadas a tecnologías, como la telefónica, redes sociales o el cobro de “derecho de piso”. Aunado a que existe disparidad en el Código Penal Federal y los códigos penales de las entidades respecto a la tipificación de este ilícito, sus modalidades y, especialmente, en las penas y multas.
Al existir leyes fragmentadas en las entidades federativas es necesario homologar la legislación. De tal forma que el objetivo de esta reforma es complementar y afianzar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública contra la extorsión; cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno; asegurar que el delito se persiga de oficio; unificar los criterios, sanciones y procedimientos en todo el territorio nacional.
Sin importar los diferentes extractos sociales, este execrable delito no solo violenta el bienestar de nuestras comunidades, representa un severo quebranto a nuestra convivencia social, al desarrollo de nuestras comunidades y al patrimonio de las personas, dejando una herida profunda en nuestra sociedad. Ante las amenazas y el miedo que propagan los extorsionadores, cientos de familias han tenido que cambiar su residencia y buscar refugio y seguridad lejos de sus lugares de origen.
En resumen, la extorsión en sus diferentes modalidades afecta la integridad física y psicológica de las personas, la economía nacional y los bienes de miles de familias. Este mal no puede seguir siendo una condena silenciosa que nos arrebate la paz y ningún delincuente puede doblegar nuestra dignidad.
