Gobernar el síntoma

México vuelve a entrar en una zona conocida, pero no por ello menos peligrosa: una inflación que no cede y un Estado que empieza a reaccionar más por presión que por estrategia. El detonante es externo —el petróleo por encima de los 100 dólares—, pero el problema ya es interno. Y lo que revela no es solo un episodio inflacionario, sino una fragilidad estructural que el país ha preferido administrar antes que corregir.

El dato de inflación —4.63% en la primera quincena de marzo— no admite matices complacientes. No es un desvío menor ni un ruido estadístico. Es la confirmación de que los choques externos están penetrando con rapidez en la economía doméstica y de que los mecanismos de contención están perdiendo eficacia. Alimentos, transporte y servicios empiezan a moverse al alza con una inercia que difícilmente se revertirá en el corto plazo.

Frente a esto, la política monetaria ha optado por adelantarse… en la dirección equivocada. El Banco de México sigue recortando tasas en un entorno donde la inflación no está bajo control. No es una decisión técnica neutral: es una apuesta. Y como toda apuesta, implica un riesgo evidente de error. Si la inflación persiste —como todo indica— el banco central no solo habrá perdido tiempo, sino credibilidad.

Aquí no hay espacio para ambigüedades. Relajar la política monetaria cuando la inflación repunta no es un acto de sofisticación contracíclica; es, en el mejor de los casos, optimismo mal calibrado. En el peor, una renuncia anticipada a la disciplina.

El frente fiscal no está mejor. El regreso de los estímulos a los combustibles confirma una constante: el gobierno prefiere diferir el costo antes que enfrentarlo. Evitar un aumento en el precio de las gasolinas es políticamente rentable, pero fiscalmente regresivo. Cada subsidio es un parche que erosiona el presupuesto y que reduce, de forma silenciosa pero acumulativa, la capacidad del Estado para invertir donde realmente importa: educación, salud, seguridad e infraestructura.

No es una política de estabilización. Es contención de daños con cargo al futuro.

Y mientras tanto, el tipo de cambio empieza a reflejar lo que la narrativa oficial evita reconocer: que el entorno se ha deteriorado. La depreciación del peso no es un evento aislado, es la consecuencia lógica de un país expuesto a choques externos, con señales mixtas en su política económica y con un margen de respuesta cada vez más limitado. El resultado es predecible: importaciones más caras, costos más altos, más presión inflacionaria y menor consumo.

El problema ya no es cada variable por separado. Es su convergencia. Petróleo caro, inflación al alza, política monetaria errática y una política fiscal que sacrifica sostenibilidad por control político inmediato. No es un episodio coyuntural. Es la configuración del riesgo extremo.

México se está quedando sin espacio para corregir sin costo. Cada decisión empieza a excluir alternativas. Cada ajuste llega tarde. Cada medida es más reactiva que preventiva. Y en ese terreno, la economía deja de gestionarse y empieza a resistirse.

Conviene decirlo con claridad: no hay señales de que esta trayectoria vaya a corregirse sola. Si el choque energético persiste —y todo apunta a que lo hará— la inflación no solo se mantendrá por encima del objetivo, sino que terminará por reconfigurar expectativas. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser transitorio y se vuelve estructural.

En ese punto, las opciones son más duras: tasas más altas por más tiempo, menor crecimiento, mayor presión social. No hay atajos. Y lo que hoy se intenta evitar —el costo político de decisiones impopulares— terminará amplificado en el mediano plazo.

El riesgo no es una crisis espectacular. Es algo más incómodo: la consolidación de una economía que se acostumbra a funcionar mal. Con inflación persistentemente alta, crecimiento débil y finanzas públicas tensionadas. Un equilibrio mediocre, sostenido más por inercia que por diseño.

No es un escenario inevitable. Pero sí es, cada vez más, el escenario que se está eligiendo.

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