México ha estado marcado por la desigualdad y la franja de la pobreza se incrementó en los gobiernos neoliberales. Debemos de reconocer que tal desproporción aún persiste y la corrupción es uno de los principales factores.
Por ejemplo, la organización Oxfam México ha revelado recientemente que, por cada 100 pesos de recaudación de impuestos federales, los multimillonarios “contribuyen con 21 centavos”.
En esta disimilitud, resulta un reto que mientras el actual gobierno ha implementado políticas y acciones para erradicar la pobreza, impulsar el bienestar y la igualdad social, aún perduran los vicios arraigados de la corrupción. Frente a esta cruzada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha anunciado presentar una reforma constitucional para acabar con las insultantes ‘pensiones doradas’ en el Gobierno Federal que cuestan a las y los mexicanos 96 mil 206 millones de pesos al año.
9 mil 47 personas jubiladas (67%) de Luz y Fuerza del Centro, reciben una pensión entre 100 mil y 1 millón de pesos mensuales, más de 3,500 mil jubilados ganan más que la presidenta. El costo anual de las jubilaciones de Pemex es de 24 mil 844 millones de pesos, 544 personas jubiladas reciben más que la presidenta y 618 personas jubiladas superan el sueldo del director general de la paraestatal.
Para el caso de la Comisión Federal de Electricidad el costo anual de jubilaciones es cercano a los 41 mil millones de pesos y 2 mil 199 personas tienen ingresos superiores a la presidenta. En Nacional Financiera (Nafin), Banobras, Bancomext, las pensiones son de 2 mil 438 millones de pesos al año.
Las pensiones millonarias tienen nombre y apellido: José Ángel Gurría Treviño, se llevó 25 millones 806 mil pesos por casi dos años como director de Nafin. Óscar Espinosa Villareal, ex regente del Distrito Federal y autor del Programa Especial de Pensión y Retiro de 1994 a 2019 recibió más de 9 millones de pesos por casi tres años al dirigir Nafin. De igual forma, altos mandos de las paraestatales anteriormente señaladas han recibido recursos onerosos. De prosperar la reforma para abolir ‘las pensiones doradas’ se obtendría un ahorro de 5 mil millones de pesos que serían destinados a programas sociales.
La austeridad y la lucha contra la desigualdad son principios rectores de la actual administración federal y deben ser preceptos éticos de los futuros gobiernos. La injusticia, la corrupción y los excesos son un insulto a nuestra sociedad. Requerimos avanzar en la consolidación de un Estado donde las políticas sociales promuevan la igualdad, procuren mejores oportunidades y una distribución más justa de la riqueza.
