Tras la aprobación del plan B de reforma electoral que ya está a discusión y análisis en la Cámara de Diputados, se tendrá que abrir un proceso derivación hacia los estados y municipios, porque de lo que se trata es lograr una burocracia más austera y redistribución más justa de los recursos, el principio es simple, menos privilegios burocráticos y más inversión en la gente, porque durante décadas innecesariamente se ha encarecido el sistema político por los elevados privilegios a senadores, diputados federales, diputaciones locales, regidurías y sindicaturas, hasta a los partidos políticos con prerrogativas que son desmesura, un colectivo de inmoralidades que no corresponden a la austeridad republicana que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum promueve para mejorar las condiciones sociales.
La expectativa estará sobre los cambios legislativos que sean impulsados, si el gobernador David Monreal ya emitió su respaldo al plan de austeridad que contempla recortar el presupuesto a la Legislatura y de las regidurías en los 58 ayuntamientos, deberá adecuar las leyes a las modificaciones del plan B presidencial, lo que significa combatir en serio y con realismo los excesos burocráticos y garantizar que los recursos públicos se utilicen con responsabilidad en beneficio del pueblo zacatecano a través de obras de auténtico servicio colectivo.
La exhibición que se hizo en la conferencia del pueblo, acerca del costo de más de 12 millones de pesos anuales por diputado local de Zacatecas, tiene que ponderarse, revisarse y ajustarse; cierto, no todo se orienta en favor del legislador, porque hay gastos administrativos para cada caso, pero sin que nadie “se chupe el dedo” bien sabe la gente que los representantes populares ganan mucho más y son mucho menos sus resultados, forman parte de esa burocracia dorada en la que también entran los alcaldes, magistrados y los funcionarios del gabinete, que todos juntos y cada sexenio conforman otra camada más de nuevos ricos del estado, como así se suceden cada sexenio.
Consecuencias de esas modificaciones legislativas que se extenderán por todos los estados, aquí en Zacatecas se tendrá que reflexionar, razonar, analizar y decidir sobre una drástica reducción en el congreso estatal que se compone de 30 diputaciones, de manera que analistas y observadores contemplan que pueda ser una notable reducción a 15 o 18 diputaciones e incluso, con racionalidad y en atención a las prioridades que marca la austeridad republicana, debe proponerse diferir la construcción de la nueva sede del Palacio Legislativo que provocará gasto millonario. Son los impactos de esperarse una vez aprobada la legislación federal y por su adecuación estatal.
Al mismo tiempo que avanzan los cambios para cancelar las pensiones doradas en PEMEX, la CFE y otras instituciones, con asignaciones mensuales hasta de más de un millón de pesos a ex funcionarios, se caminará hacia estados y municipios para acabar con los inmensos privilegios burocráticos, que se ponga tope a los gastos de diputados federales, senadores, diputados locales, regidores, alcaldes, y magistrados. Por décadas, hay casos muy sonados y muy vistos, de gobernadores, senadores, diputados y de esa clase de políticos, que se han enriquecido con dietas, sueldos, bonos, compensaciones y herramientas que son torcidas hacia los bolsillos o cuentas bancarias.
