El desarrollo digital ha permitido optimizar procesos que antes se realizaban de modo manual, presencial y costoso para sus beneficiarios. Máquinas y sistemas en red simplifican vidas pero también las exponen a fines inesperados y hasta no consentidos. Además de la vulneración de datos personales sensibles, se presentan casos de amenazas a la seguridad.

Una historia muy difundida durante la pandemia COVID-19 fue la vigilancia de la ciudadanía china, ya por entonces suficientemente practicada. El mundo se enteró de las severas reglas de aislamiento aplicadas en el país, y de la eficacia para localizar a las personas que, aun sin tener trato con otras infectadas, habían estado en contacto directo o indirecto en días previos. El costo de la sobrevivencia para millones fue la obediencia al sistema.

Al extremo opuesto, en la mayoría de países dentro de nuestro continente, sea porque carecían de condiciones en recursos, infraestructura o logística para proteger a sus ciudadanos, sea porque éstos no aceptaron limitar sus libertades, se produjo el número más grande de víctimas.

En México enfrentamos la inseguridad personal y patrimonial derivada en parte de la libertad que el sistema da desde su falta de vigilancia y escasa protección. Los grupos delictivos encuentran poco Estado que los acote, persiga y castigue, de modo tal que los verdaderos obstáculos en su ecosistema probablemente suelen ser los grupos contrarios.

Por desgracia, ningún país de añeja impunidad y tolerancia a las infracciones, puede apostar a que las solas bajas de activos humanos producidas por enfrentamientos, vaya a traerle la pacificación. Sería un proceso demasiado largo e inhumano para esperarlo. Una represión selectiva como la de El Salvador tampoco parece una opción practicable en grupos extendidos, organizados y armados. El Estado mexicano enfrenta mucho más que pandillas. Queda entonces la vigilancia a la sociedad y la inteligencia dirigida, con sus propias bajas colaterales en la privacidad, algo que no se discute aún lo suficiente.

Hagamos algo o dejemos pasar las cosas, viene ya en camino una fuerza mundial que empuja hacia una vigilancia maestra: la del dinero y, consecuentemente, de sus poseedores. El instrumento serán las monedas digitales emitidas por los bancos centrales en reemplazo del efectivo libre y anónimo. A diferencia de bitcoin y todas aquellas descentralizadas y sin patria, las gubernamentales serán monitoreadas, y desde oficinas de control, podrán ser desactivadas para su uso, incluso estando ya en posesión de los particulares.

El aliciente para delinquir, que es la captura de los bienes ajenos, está llamado a desaparecer a la vuelta de muy pocos años. No será por las fuerzas armadas, los tribunales, las cárceles ni siquiera las calles. Será por los bolsillos. Los bancos centrales ya preparan el cambio paulatino de efectivo por dinero digital. El nuevo estado de cosas nos llevará a una normalidad distinta, hecha de seguridades que no conocemos, de libertades que nos resultarán insuficientes y tal vez de nuevos males.

Los Estados como fuerzas políticas han cedido poder ante las económicas, las civiles y las delictivas. Por primera vez en la historia están en posibilidades de asumir el control casi total, y no tendrán la opción de dejarlo pasar, puesto que entonces otras expresiones al interior y otros Estados al exterior los obligarán a asumir el control de la nueva complejidad social. No hacerlo los convertirá en la primera baja de la era verdaderamente digital.