Durante una década, los municipios han fracasado en implementar un sistema efectivo de multas de tránsito. El resultado: corrupción endémica, impunidad generalizada y arcas vacías. En 2026, la pregunta persiste: ¿será diferente esta vez?
La pregunta para 2026 no es técnica sino política: ¿Estarán los alcaldes dispuestos a priorizar seguridad vial sobre conveniencia electoral?
Tenemos al menos una década intentando que las administraciones municipales puedan hacer funcionar las multas de tránsito y se han encontrado con varias problemáticas: el primer problema es la corrupción imperante de los oficiales de tránsito en el momento de aplicar las sanciones y la falta de educación vial de los automovilistas. No ha existido la fórmula para evitar la corrupción y menos para educar a los conductores. Debería ser requisito pasar un rudo examen de conocimientos antes de obtener una licencia; debería retirarse la licencia por periodos de tiempo debido a las infracciones cometidas. Las reglas deben ser claras y cumplidas, tanto por los ciudadanos como por los agentes de tránsito.
Un segundo problema es la ausencia de un sistema de información que relacione el número de placa del vehículo con la licencia de automovilista y con la infracción respectiva para proceder al cobro. Nunca se ha logrado. Siempre ha habido confusión y un desorden en estas bases de datos que están separadas, desactualizadas y sin integración; si esto ocurriera se podrían identificar los infractores recurrentes, castigarlos e incluso quitarles la licencia; así como evitar que los vehículos que circulan se utilicen para cometer crímenes, pero sobre todo, un sistema así ayuda a obtener el pago de multa de inmediato en las arcas municipales, evitando la corrupción y facilitando tanto a agentes de tránsito como conductores el pago de la infracción.
Un tercer problema es justamente la cantidad de oficiales de tránsito y de patrullas o motocicletas que puedan imponer estas sanciones. La cantidad de autos (se estiman 4.2. millones de vehículos) de cruces y calles ha rebasado a las autoridades, hay muchos automovilistas que están infringiendo la ley en todo momento, no se dan abasto estos oficiales de tránsito y la impunidad continua. Ante la grave crisis de desempleo que viven muchos jóvenes de la entidad, esta podría ser una opción tanto para pagar sus sueldos como para generar fondos a los municipios.
Existen soluciones viables que otros estados han implementado con éxito. Jalisco integró en 2022 un sistema estatal que vincula infracciones con el refrendo vehicular: si tienes multas pendientes, no puedes renovar tus placas. Nuevo León implementó terminales punto de venta en patrullas que permiten pagar multas de inmediato con tarjeta, eliminando el manejo de efectivo. Querétaro instaló cámaras en cruceros estratégicos que detectan automáticamente infracciones de semáforo, con una tasa de impugnación menor al 8%.
