Cruel masacre Tlatlaya

No fue un enfrentamiento sino la aniquilación de presuntos delincuentes

Archivos Secretos Tlatlaya Foto especial — / Foto especial

Carlos Álvarez / La Prensa

Dentro de una bodega

Fueron abatidos por el ejército

Militares habrían rescatado a tres mujeres que se encontraban secuestradas por presuntos integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos

Poco tiempo antes de que ocurriera la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa ocurrió un evento de la misma magnitud, pero en otras latitudes. Se trata de un supuesto enfrentamiento que habrían sostenido las fuerzas armadas con un grupo delictivo que, de acuerdo con información inicial, mantenía cautivas a varias personas.

De tal modo, a través de las páginas de LA PRENSA se dio a conocer la noticia de lo ocurrido aquel 30 de junio de 2014, cuando un total de veintidós presuntos integrantes de una organización criminal fueron abatidos por elementos del ejército mexicano durante un enfrentamiento en una bodega del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Es de llamar la atención dos cuestiones: por una parte, la intervención de las fuerzas militares en una acción en la cual habrían acabado con la vida de aquellas personas y donde sólo un militar habría resultado herido; por otra parte, la mención a un grupo delictivo que meses más tarde sería señalado en otro evento catastrófico y nefando, Guerreros Unidos, pues se mencionó que los ultimados en ese supuesto enfrentamiento presuntamente pertenecían a esa organización delictiva.

El evento en sí mismo fue noticia de primera plana, pero en los días y semanas subsecuentes no hubo una mención más sobre lo ocurrido, como si nada hubiera pasado, como si la vida de 22 personas pasara desapercibida al ser acribilladas brutalmente.

Lo que se supo en ese momento fue que durante la acción, los militares rescataron a tres mujeres que se encontraban secuestradas por presuntos integrantes de ese grupo delictivo y, durante en la refriega, un elemento de las fuerzas militares resultó lesionado.

Las tres mujeres que liberaron los militares -puesto que según se dijo se encontraban privadas de su libertad-, fueron remitidas ante las autoridades ministeriales para que rindieran su declaración en relación con la forma en que habrían sido víctimas de plagio.

Fue la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que a través de un comunicado diera a conocer el suceso, por lo cual informó: “la Comandancia de la XXII Zona Militar aproximadamente a las 5:30 horas, en inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, México, personal militar al realizar reconocimientos terrestres ubicó una bodega que se encontraba custodiada por personas armadas, mismas que al percatarse de la presencia de las tropas abrieron fuego, por lo que el personal castrense repelió dicha agresión”.

Y aunque a este suceso no se le dio mayor cobertura en general, se sabe que al lugar de los hechos acudieron peritos y agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes se dieron a la tarea de realizar las actuaciones de ley que amerita el caso. No obstante, pasarían algunas semanas hasta que se mirara de nuevo hacia este caso extraño, y fue debido a la investigación de un reportero que acudió al lugar y observó ciertas peculiaridades que ponían en tela de juicio las declaraciones oficiales.

Agradeció Eruviel la acción del ejército

El día posterior al que se registraron las agresiones, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, reconoció y agradeció la labor del ejército mexicano “por actuar con firmeza para combatir a los delincuentes, tal como ocurrió en el rescate de tres personas que se encontraban secuestradas en el municipio de Tlatlaya”.

Asimismo, en consonancia con la línea en seguridad del gobierno federal, afirmó que la actuación de los militares formaba parte de los resultados de la Estrategia Integral de Seguridad que realizaba el gobierno estatal en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, la Policía Federal, así como con los municipios, para combatir la delincuencia y la inseguridad.

Por otra parte, aún sin tener un profundo conocimiento del caso, por omisión o por decisión u órdenes superiores, refirió que en Tlatlaya el ejército “tuvo una valiente presencia y acción [...y] en su legítima defensa, actuó y abatió a los delincuentes”.

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Elementos del Ejército Mexicano, en una imagen de archivo, durante un operativo contra grupos criminales que se mueven en el Estado de México.

Armas recuperadas

En el lugar se aseguraron 25 armas largas: 16 fusiles AK-47 calibre 7.62X39 milímetros; seis fusiles AR-15 calibre 0.223; un fusil marca Calico; dos escopetas calibres 12 y 0.22; 13 armas cortas -cuatro calibres .9 milímetros, tres calibres 0.45, cuatro calibres 0.38 súper, una calibre 0.22 y un revólver calibre 0.38 especial-; una granada de fragmentación, 112 cargadores, así como cartuchos de diversos calibres.

Tras el enfrentamiento donde fueron abatidas 22 personas -presuntamente de la organización criminal Guerreros Unidos-, se decomisaron 38 armas de fuego, 25 largas y 13 cortas, así como una granada de fragmentación, una importante cantidad de cartuchos útiles y cargadores para armas de diferentes calibres.

Por el delito de homicidio

Fueron detenidos varios militares

Con la salida de los militares a las calles a cumplir las funciones que les corresponden a las policías de cada entidad, quedó la premisa respecto a que la seguridad es un arma cargada

El tema de Tlatlaya pasó casi desapercibido por algún tiempo, no obstante comenzó a hacerse presente luego de ciertas interrogantes que fueron surgiendo con base en reportajes que vieron la luz sobre el caso.

Además, se trataba de un tema delicado, puesto que referirse al Ejército siempre resulta complejo, debido al poco acceso a su información interna que incluso se mantiene o se prefiere confidencial.

Sin embargo, cuando intervinieron periodistas y asociaciones de derechos humanos de otros países en su difusión masiva, ya no hubo hacia dónde desviar las miradas. En este sentido, permaneció la afirmación del entonces secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, acerca de que la Procuraduría General de la República “hará lo que tenga que hacer” para hallar a los responsables de los actos barbáricos. Y, en el mismo sentido, Jesús Murillo Karam añadió “lo que se tenga que hacer ‘para llegar a la verdad’”.

Aunque más tarde se vería, o la historia lo desmentiría, que sus verdades eran simulaciones, ya que al final sus declaraciones, afirmaciones, investigaciones, con el paso de los años serían seriamente cuestionadas y anuladas.

Pero pronto el deseo de saber qué fue lo que pasó realmente aquella madrugada en Tlatlaya se incrementó debido quizá a dos factores: por una parte, la organización Human Rights Watch (HRW) lanzó una condena que partía de la premisa acerca de que el saldo -un solo herido entre los militares- no guarda “proporcionalidad” -por 22 bajas de los presuntos delincuentes-. Pero, quizá lo que más conmocionó quizá al propio Ejército fue saber que había una testigo que afirmaba que los presuntos delincuentes habían sido asesinados con el tiro de gracia.

Y la duda sobre una verdad velada se tambaleaba al contemplar las fotografías conocidas en donde se apreciaban manchas de sangre sobre la pared que respondían no correspondían con lo dicho por las autoridades.

Aseguró Osorio Chong que la investigación sería transparente

En comparecencia ante diputados federales el 26 de septiembre de 2014 sobre el enfrentamiento acontecido en junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, con saldo de 22 muertos, refirió el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que la investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) sería transparente y que de comprobarse conductas inapropiadas de militares sería un caso aislado y no reflejaría el comportamiento de las Fuerzas Armadas.

Luego de comparecer ante diputados federales, señaló que la averiguación del enfrentamiento armado entre elementos del Ejército y presuntos integrantes del crimen organizado, nunca se cerró -pese a que todavía no acababa la investigación cuando se decidió que el caso iría a reserva por nueve años.

Refirió Osorio Chong que la PGR siguió con la investigación del caso y la averiguación previa quedó abierta en todo momento; además, aludió a que el Secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, tomó una decisión “muy importante” al detener de manera precautoria a ocho de los militares que participaron en el enfrentamiento en Tlatlaya, para que la PGR pueda hacer la investigación respectiva.

Y declaró: “si sucediera que hay algo que señalar respecto a la actuación de este grupo de miembros del Ejército nacional, será la excepción porque tenemos un gran Ejército y por eso tenemos que trabajar para que si sucede este tipo de cuestiones se pueda observar que es sólo una acción aislada”.

Ordena PGR detener a tres militares

El 30 de septiembre de 2014, en plena efervescencia por el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la aprehensión de tres militares por homicidio en el caso Tlatlaya, informó en conferencia de prensa Jesús Murillo Karam, quien además refirió que se contaba con suficientes elementos para determinar que hubo exceso de la fuerza.

De acuerdo con Murillo, de las pruebas periciales y el interrogatorio a testigos y participantes, quedaba claro que sí hubo enfrentamiento entre personal militar y un grupo de delincuentes, el cual habría durado entre ocho y 10 minutos; sin embargo, ingresaron, tras esa refriega, tres elementos militares, quienes realizaron una secuencia nueva de disparos sin justificación alguna.

Durante la conferencia, el procurador dio algunos detalles sobre el proceso contra los tres militares, de los ocho detenidos por el caso Tlatlaya, por el delito de homicidio, puesto que al concluir el intercambio de disparos, tres militares habrían ingresado a la bodega y realizado una secuencia nueva de balazos; por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó inconsistencias en cuanto al protocolo de actuación, como el hecho de ser una sola camioneta y un grupo reducido. Con los elementos obtenidos, dijo la PGR, se tomó la determinación de solicitar al juez la orden de aprehensión de los tres elementos que dispararon, independientemente de las averiguaciones de Sedena, contra este grupo de militares por otros delitos.

Aclaró que la orden de aprehensión por homicidio es sólo contra los tres elementos que dispararon. “Tenemos suficientes elementos para determinar que hubo exceso de la fuerza”, dijo.

¿Bajo reserva o esclarecimiento?

A principios de octubre de 2014 la sangre corría como río por las venas abiertas de la república mexicana, en especial en tierra caliente; el combate al crimen dejaba su estela de muerte y tras ésta, la imagen de los soldados que parecían estar excedidos en su labor de combatir al crimen organizado, hasta llegar a matar.

Analistas especializados, en su momento, hablaron respecto a que los soldados que dispararon -como lo dijo Murillo Karam- “sin ningún motivo”, llevaban una orden de no “tomar prisioneros”, un código “rojo” militar que presuntamente los obligaría a disparar.

Lo que estaba en juego, junto con razones políticas, y más que el prestigio de los militares era mantener las apariencias intactas, hacer como que se cumplía con el deber a toda cosa y lo de menos serían los daños colaterales.

Las afirmaciones de Osorio Chong sobre que estos hechos ocurridos en Tlatlaya eran “aislados”, no parecía tener validez, si a este evento que databa de hacía casi cuatro meses se le añadía el reciente crimen contra los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.

Y mientras los ojos del mundo volteaban hacia Ayotzinapa, Tlatlaya esperaba también a ser esclarecida, pese a que las fuerzas castrenses mantenían su postura impasible; incluso el general Cienfuegos salió a declarar que “sus hombres” no Y mientras los ojos del mundo volteaban hacia Ayotzinapa, Tlatlaya esperaba también a ser esclarecida, pese a que las fuerzas castrenses mantenían su postura impasible; incluso el general Cienfuegos salió a declarar que “sus hombres” no habían hecho nada fuera de sus funciones.

Pero, luego de cuatro meses llegó un atisbo de justicia, porque al menos se reconocía la participación del ejército en la masacre de Tlatlaya y se había logrado detener a varios elementos de la milicia quienes esperarían su cita con la justicia.

Así pues, fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la encargada de dar a conocer que 15 de las 22 personas muertas en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014 habían sido privadas de su vida por fuerzas federales, a pesar de que se habían rendido.

El asesinato de aquellas 22 personas por parte de elementos del ejército constituía una de las peores violaciones a los Derechos Humanos, por lo que se emitió la recomendación 51/2014 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno del Estado de México.

Con la emisión de la recomendación se logró acreditar que en esas acciones, algunos elementos militares privaron arbitrariamente de la vida a las personas que se encontraban ya rendidas, luego de un enfrentamiento que no duró más de 10 minutos.

El día de los hechos en Tlatlaya se alteró la escena del crimen con la intención de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento, lo cual no ocurrió tal como lo narró en su momento el comunicado que ofreció la sedena tras la matanza.

De tal suerte que los cuerpos habrían sido movidos de la ubicación en donde se encontraban y cambiados de posición, además que se habrían sustraído de la escena del crimen tanto teléfonos como equipo de telecomunicación, es decir, se había “limpiado” en cierto sentido y acomodado la escena tétrica de horror.

Eruviel Ávila

Tal parece como si lo ocurrido en Tlatlaya hubiera pasado en otro estado y no donde gobernaba el priista, pues sus intervenciones fueron escuetas y poco profundas; además, so pretexto de que la PGR había determinado ejercer acción penal contra tres elementos de las fuerzas armadas, solicitaba a los reporteros ya no cuestionarle sobre el caso Tlatlaya.

Al cesar los disparos ingresaron a la bodega tres de los elementos militares; pero uno se quedó afuera porque al parecer estaba herido.

Al inicio las autoridades hablaron de un enfrentamiento entre el ejército y delincuentes; ahora se sabe que fueron ejecuciones.

10 minutos máximo y cinco mínimo fue la duración de la balacera.

22 personas fallecidas, 21 masculinos y una mujer; y sólo un soldado herido.

Caso Tlatlaya

¿Qué ocurrió realmente?

Es cierto que se llegó a una resolución en la cual se aceptaba la participación del ejército en la matanza, pero ese no fue el final, aunque falta la justicia

De acuerdo con la recomendación que emitió la CNDH, durante la madrugada del 30 de junio de 2014, ocho militares pertenecientes al 102 batallón de infantería efectuaban un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera federal número 2. Cuando circulaban por los alrededores del poblado Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya, pasaron frente a una construcción en obra negra que no tenía puertas y parecía ser una bodega.

El sargento segundo de infantería se dio cuenta de que había una persona armada cuidando las inmediaciones del inmueble y, además, había tres vehículos adentro; por tal motivo, informó a sus compañeros y detuvieron la marcha del vehículo en el que viajaban.

Alrededor de las 4:20 horas daría inicio el enfrentamiento, con base en el testimonio de cinco vecinos de San Pedro Limón. En este sentido, comenta la CNDH, el testimonio más fiel es el de un hombre que vivía a unos 130 metros de la bodega donde ocurrieron los hechos.

¿Quién comenzó el fuego cruzado?

De acuerdo con el testimonio de los militares, ellos habrían sido quienes primero recibieron las agresiones por parte de las personas que estaban adentro de la bodega y, por tal motivo, repelieron el ataque. No obstante, lo relatado por las fuerzas castrenses se invalida con la versión que aportó una sobreviviente y testigo de los hechos, puesto que de acuerdo con lo que ella vivió y vio, habrían sido los militares quienes dispararon primero, mientras en el interior de la bodega al parecer todos dormían.

Sin determinar abiertamente quién comenzó la refriega, pero apuntando a que habría sido el ejército el responsable, la recomendación de la CNDH sí establece que el intercambio de disparos duro entre cinco y 10 minutos, ya que las personas en el interior de la bodega se rindieron pronto, pues esto fue lo que declararon tres mujeres sobrevivientes que presenciaron el enfrentamiento (las que presumiblemente afirmaban que habían sido plagiadas).

Sin embargo, las dudas comienzan a surgir, ya que una de ellas declaró que estaba en la bodega porque había ido a buscar a su hija; en tanto que las otras dos dijeron que habían sido secuestradas.

Lo extraño o sobresaliente de este detalle es que esas dos mujeres terminaron presas debido a que -según la CNDH-, se obtuvieron sus primeras declaraciones mediante tortura con la finalidad de que aceptaran una relación con la gente que había fallecido en la bodega.

Un testigo, vecino de la zona, contó que aquella madrugada del 30 de junio escuchó dos tipos de disparos, unos que fueron pausados y otros disparos en ráfaga. Además, contó que alcanzó a escuchar gritos.

Al cabo de la duración de la balacera, los elementos militares esperaron afuera de la bodega alrededor de 20 minutos más o menos hasta que uno dio la orden de que ingresaran.

De tal suerte que entre las 4:50 y 5:00 horas, los militares entraron a la bodega, aunque el número de los que ingresaron es incierto de acuerdo con la recomendación, pero sí se establece que ahí encontraron en total a cinco personas, tres mujeres y otras dos personas amarradas, quienes presuntamente estarían en calidad de secuestrados.

A partir de ese momento, aproximadamente una hora, entre las 5:00 y 6:00 horas, se escucharon disparos aislados, según los contaron los vecinos. “Armas accionadas por el Ejercito en contra de las personas rendidas”,.

Así pues, con base en lo establecido por la CNDH, fue en ese lapso cuando ocurrió “la privación arbitraria de la vida de las personas que se encontraban al interior de la bodega”, con excepción de las tres mujeres sobrevivientes y los dos presuntos secuestrados.

Quizá sólo los militares y las mujeres que presenciaron los eventos supieran la verdad, pero sus testimonios eran antitéticos, ya que las mujeres afirmaron que los militares entraron en la bodega donde ya estaban rendidos y desarmados los que allí estaban. No obstante, los fueron sacando uno por uno, luego los obligaron a hincarse y a decir su apodo, su edad, su ocupación, para finalmente dispararles.

Una de las mujeres contó que escuchó a un militar decir: “Los que estén vivos o heridos vuélvanles a disparar”. Y, finalmente, personal militar llamó a los dos presuntos secuestrados con el pretexto de tomarles una fotografía, pero les disparó igual que había hecho antes con los otros civiles.

¿Conclusión?

Doce personas habrían sido ejecutadas, tres “no es posible establecer sus posiciones originales porque fueron movidos de su ubicación, lo que hace pensar que fueron ejecutados”, cuatro resultaron heridos durante el enfrentamiento y tres en fuego cruzado.

Peritos de la CNDH elaboraron un mapa sobre cómo fueron encontrados los 22 cadáveres en la bodega, para “distinguir aquellos que tenían heridas muy probablemente producidas en un contexto de enfrentamiento, otros en fuego cruzado y otros privados de su vida ilegalmente”.

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